La votación en el Congreso de la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) hace unas semanas, iniciativa impulsada desde el oficialismo y ampliamente criticada por diversos sectores de la sociedad civil (desde los pueblos indígenas a organizaciones ciudadanas y medioambientales), otorga sin mediación excesivos privilegios a las empresas generadoras y vulnera tanto otras actividades económicas como a los pueblos originarios y a los ecosistemas.
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“Los artículos en discordia –que habían motivado la conformación de una Comisión Mixta– correspondían al Convenio 169 de la OIT sobre consulta indígena; áreas protegidas; caución en caso de medidas precautorias; toma material de los predios; e incompatibilidad entre distintas concesiones”, según señala Sara Larraín en El Quinto Poder.
Las bancadas realizaron una negociación con los ministros Bunster (Energía) y Larroulet (Secretaría General de la Presidencia) para hacer uso de un veto supresivo sobre la consulta indígena y áreas protegidas. Esto significa que los puntos sobre caución, toma material e incompatibilidad de concesiones quedaron aprobados, en gran medida para que el gobierno no perdiera lo avanzado en la Comisión Mixta de la Cámara baja.
Las decisiones que se tomaron en el legislativo no son una sorpresa: el lobby eléctrico y la presión desde el gobierno introdujeron las leyes fast track (para las concesiones y carretera eléctrica), que favorecen proyectos como HidroAysén.
Pero el apuro del Ejecutivo permitió una “pequeña victoria”, en palabras de Sara Larraín, directora ejecutiva del Programa Chile Sustentable, “que es dejar fuera del proyecto el articulado que permitía evitar la aplicación cabal del Convenio 169 OIT y vulneraba las áreas silvestres protegidas, salvando así dos temas paradigmáticos de la agenda de derechos ciudadanos y ambientales.
Fuente: Concesiones eléctricas y derechos esenciales (El Quinto Poder)
