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España aprueba la Ley de Eutanasia, el derecho a morir dignamente

El tema de la Eutanasia y suicidio asistido ha sido muy polémico en los últimos años y España ha dado un paso en su legalización

El tema de la Eutanasia y suicidio asistido ha sido muy polémico en los últimos años. Se refieren a la acción deliberada que se toma con la intención de poner fin a una vida para aliviar el sufrimiento persistente.

Las definiciones de eutanasia y suicidio asistido varían, mientras que la primera permite que un médico ponga fin a la vida de una persona de forma indolora, siempre que el paciente y su familia estén de acuerdo, la segunda implica que un médico ayuda a un paciente a terminar con su vida si lo solicita.

En la mayoría de los países, se trata de un procedimiento ilegal que puede conllevar una pena de cárcel. En los Estados Unidos, la ley varía de un estado a otro.

Ahora, España ha sorprendido al aprobar definitivamente una ley para regularizar la eutanasia y el suicidio asistido. Este se une a la reducida lista de países que permitirán a un paciente terminal recibir ayuda para morir y evitar su sufrimiento.

La propuesta fue realizada por el gobierno de Pedro Sánchez y se espera que la ley entre en vigor en tres meses a partir de ahora. Fue validada en el Congreso de los Diputados con 202 votos a favor, 2 abstenciones y 141 votos en contra.

España se convierte en el séptimo país del mundo que aprueba dicha ley, junto con Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá. Países como Nueva Zelanda y Colombia siguen en proceso pues en el primero ya ha sido aprobado pero entra en vigor en noviembre y en el segundo ya ha sido decidido por el Tribunal Constitucional, pero falta la aprobación del Parlamento para ser regulada.

La ley dice que aplica que toda persona con «enfermedad grave e incurable» o padecimiento «crónico e imposibilitante» puede solicitar ayuda para morir y así evitarse «un sufrimiento intolerable».

En el caso de España, las restricciones son que la persona sea de nacionalidad española o residente legal, que sea «capaz y consciente» al hacer la petición y que ésta esté por escrito «sin presión externa».

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