Hablar de menstruación en el trabajo ya no es un tabú en varias partes del mundo. Lo que durante décadas se susurró en voz baja hoy forma parte de debates parlamentarios, reformas laborales y conversaciones sobre derechos, salud y equidad. La llamada “licencia menstrual” —o baja médica por dolor menstrual incapacitante— se ha convertido en un símbolo de cómo las sociedades abordan la salud femenina en el ámbito laboral.
El caso más mediático en los últimos años ha sido el de España. En 2023, el país aprobó una reforma a su legislación de salud sexual y reproductiva que incorporó la posibilidad de una baja médica por menstruación incapacitante. No se trata de un permiso automático por estar menstruando, sino de una incapacidad temporal que debe ser certificada por un profesional de salud y que es cubierta por la Seguridad Social. Fue un hito: España se convirtió en el primer país europeo en reconocerlo expresamente a nivel nacional.
Europa abre la puerta
En el caso español, la medida fue presentada como un avance en derechos y salud pública. La norma reconoce que existen mujeres que padecen dismenorrea severa, endometriosis u otras patologías que generan dolor incapacitante. En esos casos, el reposo no es un privilegio, sino una necesidad médica. La baja funciona como cualquier otra incapacidad temporal por enfermedad común: requiere diagnóstico y seguimiento.
El impacto ha sido más simbólico que masivo. Los datos iniciales muestran que su uso ha sido limitado, lo que revela que aún existen barreras culturales, temores laborales o simplemente que no todas las menstruaciones generan incapacidad severa. Sin embargo, el precedente jurídico quedó establecido.
Asia fue pionera
Mucho antes del debate europeo, algunos países asiáticos ya habían avanzado en esta materia. Japón incorporó la licencia menstrual en 1947, dentro de su legislación laboral. Las trabajadoras pueden solicitarla si el dolor les impide desempeñar sus funciones, aunque la remuneración depende de la empresa.
En Corea del Sur también existe el derecho a licencia menstrual, aunque no siempre es pagada. Y en Indonesia la ley reconoce hasta dos días al mes, contemplados dentro de la normativa laboral.
En África, Zambia implementó en 2015 el llamado “Mother’s Day”, que permite a las mujeres tomar un día libre al mes sin necesidad de presentar certificado médico. Cada modelo responde a contextos culturales y laborales distintos, pero todos parten de una misma premisa: el dolor menstrual puede ser real, intenso y limitante.
América Latina: debate sin ley general
En América Latina el escenario es diferente. Hasta 2026, ningún país de la región ha aprobado una licencia menstrual nacional obligatoria y generalizada.
En Chile se han presentado proyectos de ley, pero no han sido aprobados. En Argentina y Colombia también han existido iniciativas y debates públicos, sin que se concrete una reforma nacional.
El caso de México es particular: no existe licencia menstrual a nivel federal, pero algunos estados han aprobado reformas locales que benefician a trabajadoras del sector público. Esto demuestra que el debate está vivo, aunque aún no se consolida como política nacional.
En la práctica, en la mayoría de países latinoamericanos, el dolor menstrual severo se gestiona bajo la figura de incapacidad médica general. Es decir, si existe diagnóstico y certificación, puede otorgarse reposo, pero no como un derecho diferenciado vinculado específicamente a la menstruación.
¿Y en Ecuador?
En Ecuador no existe una licencia menstrual específica ni en el Código del Trabajo ni en la Ley Orgánica del Servicio Público. Sin embargo, sí puede aplicarse una baja médica general si el dolor menstrual es incapacitante y cuenta con respaldo médico.
En estos casos, el procedimiento es el mismo que para cualquier enfermedad común. Si corresponde, interviene el IESS y se otorga reposo según criterio clínico. No es una política diferenciada con enfoque de género, sino una aplicación del régimen general de incapacidad temporal.
Hasta ahora, Ecuador no ha aprobado una reforma concreta en esta materia ni ha establecido un debate legislativo formal que derive en una norma específica.
Más allá de la ley: salud, trabajo y empatía
La discusión sobre licencia menstrual no solo gira en torno a días libres. También interpela cómo entendemos la productividad, la salud y la igualdad. Para algunos sectores, la medida representa un avance en derechos laborales y reconocimiento médico. Para otros, genera dudas sobre su implementación y posibles efectos en la contratación.
Lo cierto es que el debate ya está instalado a nivel global. Países con realidades culturales distintas han decidido reconocer que el dolor menstrual puede ser incapacitante y merece tratamiento legal. América Latina observa, discute y ensaya propuestas.
Mientras tanto, millones de mujeres continúan gestionando su ciclo en silencio o recurriendo a mecanismos médicos generales cuando el dolor supera los límites. La conversación sigue creciendo y, como toda transformación social, avanza paso a paso.