A pesar que la Organización Mundial de la Salud señala que el uso de anticonceptivos en América Latina es de un 67%, todavía falta para asegurar su acceso, sobre todo en países como Chile, según constató el «Barómetro Latinoamericano sobre el acceso a métodos anticonceptivos modernos».
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«Si bien es cierto Chile tiene todo un dispositivo legal en relación al acceso al método anticonceptivo, todavía tenemos una brecha importante entre lo que dice la norma y lo que pasa en terreno, en los servicios de salud de determinadas comunas», explica Débora Solís, directora ejecutiva de la Fundación APROFA (Asociación Chilena de Protección de la Familia), entidad a cargo del capítulo chileno del Barómetro.
El estudio fue promovido por la Federación Internacional de Planificación Familiar/Región del Hemisferio Occidental (IPPF/RHO), con el apoyo de Burson Masteller, y consistió en una aplicación de encuestas a especialistas en salud sexual y reproductiva de Chile y otros 4 países de América Latina: Argentina, Brasil, Colombia y México.
En el caso chileno, si bien se identificaron fortalezas, como el hecho de contar con una política nacional clara para facilitar el acceso de la población a los anticonceptivos, hay serias debilidades en materia de educación sexual. De hecho, éste fue el peor de los 8 aspectos evaluados, con un 24,4%.
«Los establecimientos educacionales están en la libertad de elegir uno de los 7 programas ofrecidos por el Gobierno o de crear uno propio, sin la fiscalización pertinente», advierte en el estudio María Valderas Solaligue, matrona y miembro honorario de la Sociedad Chile de Sexología y Educación.
La consulta también destaca el hecho de que el servicio público de salud en Chile ofrezca a las usuarias gratuitamente el acceso a 8 métodos anticonceptivos: preservativos masculinos, anticonceptivos orales combinados, anticonceptivos orales de progestina pura, anticonceptivos inyectables combinados, anticonceptivos inyectables de progestina pura, el dispositivo intrauterino, implante subdérmico y la píldora anticonceptiva de emergencia.
Asimismo, los especialistas evalúan positivamente la educación de los profesionales de la salud con un 76,8%, pero esta cifra contrasta con lo que ocurre en ciertos consultorios donde algunos funcionarios que ponen barreras al acceso a los sistemas anticonceptivos, sobre todo a la población adolescente.
«Hay profesionales que utilizan como argumento la objeción de conciencia para dificultar el acceso a los anticonceptivos de emergencia y la esterilización quirúrgica», señala en el Barómetro la doctora Soledad Díaz, cofundadora y presidenta del directorio del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER).
En este sentido, la directora ejecutiva de APROFA apunta a la relación que existe entre estas barreras y el embarazo, sobre todo en la población adolescente. «No siempre estos servicios de salud están respondiendo a la norma, entonces esa traba en el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos se transforma en una vulneración de derechos. Considerando que en América Latina y Chile hay una tasa importante de embarazos no planificados ni buscados, una explicación de esto tiene que ver con estas barreras que se ponen a la población joven para acceder a métodos anticonceptivos», dice.
Además de constatar las fortalezas y debilidades en al acceso actual a los métodos anticonceptivos, el Barómetro también define una serie de aspectos por mejorar, que apuntan a»cómo democratizar el acceso a métodos anticonceptivos en un país como Chile, donde además estos son sumamente caros», finaliza Débora Solís.
Otras áreas de mejora
• Existen oportunidades de ampliar la oferta y la disponibilidad de los anticonceptivos modernos e incorporar algunos que están fuera de la cobertura del sistema público, como los condones femeninos y los anillos anticonceptivos vaginales.
• No hay registro de las conductas de acceso, elección y prescripción de métodos anticonceptivos en el sistema privado, y se desconoce qué tanto se implementan las normas nacionales en estos centros de salud.
• La política nacional de salud sexual y reproductiva está muy enfocada en la atención de la mujer, pero descuida el rol del hombre como corresponsable de los procesos de planificación familiar.
Los 8 aspectos evaluados y su porcentaje de cumplimiento en Chile:
• Desarrollo de políticas y estrategias, 46,5%
• Sensibilización general sobre la salud y los derechos reproductivos, 32,1%
• Educación integral sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, 24,4%
• Educación y entrenamiento de profesionales de servicios de salud, 76,8%
• Prestación de asesoramiento individual y servicios de calidad, 60,9%
• Existencia de planes de reembolso, 51,4%
• Prevención de la discriminación, 47,3%
• Empoderamiento de las mujeres a través del acceso a los anticonceptivos, 48%