Por Andrea Sánchez
El presidente Donald Trumop firmó una orden ejecutiva que prohibe el uso de dinero gubernamental para grupos que practiquen o asesoren acerca del aborto en el extranjero. Se trata de una política que el partido republicano ha impulsado desde 1980 y que con la llegada del presidente Barack Obama (quien es demócrata) se había cancelado.
Esta decisión se veía venir luego de que en uno de los debates que mantuvo con la demócrata Hillary Clinton, Trump dejara ver su desacuerdo con la políticas pro aborto de su antecesor. Donald dijo ‘respeta la vida’ y cree que es inaceptable ‘sacar’ al bebé antes de dar a luz.
La prohibición de la ‘política de la Ciudad de México’, como se le conoce debido a que fue presentada durante una reunión de la ONU en 1984 en esta ciudad, es una de las políticas que más polémica genera con cada cambio de administración, pues es autorizada por los demócratas y prohibida por los republicanos.
DESCUBRE MÁS:
- La Marcha de las Mujeres: la protesta de las mujeres alrededor del mundo
- Pussy hat, el símbolo de la protesta feminista contra Trump
- «Apoye a mi hija»: El poderoso mensaje de Scarlett Johansson para Trump
El Center for American Progress, un organismo apartidista que se encarga de estudios sobre la vida de los americanos, dio a conocer un informe en el que detalla el impacto para Estados Unidos y el mundo de los efectos de esta prohibición.
‘La política de la Ciudad de México’ restringe a los proveedores de información sobre planificación familiar de ofrecer atención médica integral. Además, niega la posibilidad a organizaciones internacionales de proporcionar información relacionada con el aborto así como los lugares en los que pueden llevarse a cabo abortos seguros.
Para este centro, esta política viola los derechos de las mujeres a tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo y salud. Crea barreras peligrosas e innecesarias a la atención integral y como resultado el aumento en la tasa de abortos inseguros, embarazos no planificados y más muertes maternas a nivel mundial.
Jamila Taylor, investigadora del Center for American Progress, asegura que los proveedores de estos servicios que se niegan a firmar esta orden, pierden fondos del gobierno estadounidense. Al reinstaurarse, se estigmatiza el aborto y el derecho de la mujeres a una salud sexual segura e informada.