El 23 de julio, 34 ejidatarios nahuas de Ayotitlán, Jalisco, fueron detenidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima durante una protesta contra la minera Benito Juárez Peña Colorada.
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Los 34 indígenas fueron consignados por la misma autoridad y ahora serán procesados por delitos de secuestro consumado, despojo y daños. La pena por estos cargos podría ser hasta de 40 años de cárcel de acuerdo con las declaraciones de Marco Santana, procurador local.
Con un amparo expedido por un juez en Jalisco que ordena la suspensión de todas las actividades mineras en el yacimiento de fierro más rico del país, los ejidatarios bloquearon las actividades de la mina perteneciente a grupo Ternium.
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Parte del predio explotado pertenece al ejido Ayotitlán, sin embargo el secretario de Gobierno de Colima afirma que los ejidatarios fueron malinformados y que el terreno de 192 hectáreas que ocupa la minera no les pertenece.
Los ejidatarios exigían un pago del 20% de cada tonelada de fierro, lo que la empresa tomó como una extorsión y en la versión oficial de los hechos, los indígenas secuestraron a empleados de la mina pidiendo un pago de 14 millones de pesos que según se depositaron durante el tiempo que éstos tomaron las instalaciones.
Al ser delitos graves en el estado de Colima, los indígenas no alcanzan una fianza. Las acusaciones a los ejidatarios son exageradas y aún más los cargos que presentaron en su contra. Es indignante que las autoridades defiendan a Peña Colorada, que si bien es una empresa que genera muchos empleos, explota la región con ganancias millonarias afectando los intereses de los indígenas de la región.