En Ecuador, hablar de empleo femenino es hablar de oportunidades, pero también de brechas estructurales. Mientras el país cerró el IV trimestre de 2025 con una tasa de desempleo nacional de 3,1%, el verdadero desafío no está únicamente en conseguir trabajo, sino en lograr empleo adecuado y formal. Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y Censos, apenas el 36,8% de la población ocupada tiene empleo adecuado, mientras el 18,2% se encuentra en subempleo.
En este contexto, la llamada Ley de Economía Violeta introduce un incentivo tributario potente: una deducción adicional de hasta el 140% sobre remuneraciones y aportes a la seguridad social por la contratación de mujeres, dependiendo del tiempo de permanencia laboral. Más que un beneficio fiscal, se presenta como una herramienta de política pública que busca equilibrar el terreno laboral.
El mercado laboral: cifras que explican la urgencia
Los datos oficiales muestran que, en el IV trimestre de 2025, Ecuador registró 13,5 millones de personas en edad de trabajar y 8,6 millones en la población económicamente activa. De ellas, más de 8,3 millones tenían empleo y 212.392 estaban desempleadas.
Aunque la tasa de desempleo es relativamente baja, la calidad del empleo sigue siendo el punto crítico. Solo poco más de un tercio accede a empleo adecuado, mientras que el resto se distribuye entre subempleo, empleo no pleno y empleo no remunerado. En la práctica, esto significa que millones de personas trabajan menos horas de las deseadas, perciben ingresos insuficientes o no cuentan con condiciones laborales formales.
Históricamente, las mujeres han sido más vulnerables a estas condiciones, especialmente en sectores informales y en actividades no remuneradas vinculadas al trabajo doméstico y de cuidados. Por eso, un incentivo dirigido específicamente a su contratación formal adquiere relevancia estructural.
¿Qué es la Ley de Economía Violeta?
La Ley de Economía Violeta es una normativa que incorpora beneficios tributarios para empresas que promuevan la contratación femenina. Su eje central es permitir una deducción adicional de hasta el 140% en el Impuesto a la Renta sobre:
- Las remuneraciones pagadas a trabajadoras mujeres.
- Los aportes patronales a la seguridad social asociados a esas contrataciones.
El porcentaje de deducción adicional varía en función del tiempo de permanencia de la trabajadora, incentivando no solo la contratación inicial, sino la estabilidad laboral. Esto busca evitar rotaciones artificiales y promover relaciones laborales sostenidas.
En términos prácticos, si una empresa contrata a una mujer y cumple con los requisitos establecidos, podrá deducir un valor superior al gasto real en salarios y aportes al momento de calcular su base imponible para el Impuesto a la Renta.
¿Cómo se benefician las empresas?
El beneficio es doble: social y financiero. Desde el punto de vista financiero, la deducción adicional reduce la base imponible del Impuesto a la Renta, lo que puede traducirse en un menor pago de impuestos. Esto mejora el flujo de caja y puede permitir reinversión en expansión, innovación o generación de más empleo.
Desde el punto de vista estratégico, las empresas fortalecen su reputación corporativa al alinearse con principios de equidad de género, sostenibilidad y responsabilidad social. En mercados cada vez más exigentes, el enfoque en igualdad puede convertirse en una ventaja competitiva.
Además, integrar talento femenino diverso puede potenciar la creatividad, la productividad y la toma de decisiones en las organizaciones.
¿Qué deben hacer las empresas para aplicar?
Para acceder al incentivo, las empresas deben:
- Formalizar la contratación bajo las modalidades laborales reconocidas por la legislación ecuatoriana.
- Registrar correctamente a las trabajadoras en el sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
- Cumplir con el pago oportuno de remuneraciones y aportes patronales.
- Declarar adecuadamente el gasto y la deducción adicional en la declaración del Impuesto a la Renta ante el Servicio de Rentas Internas.
- Conservar documentación de respaldo que justifique la aplicación del beneficio, en caso de fiscalización.
El detalle técnico y requisitos específicos están disponibles en los canales oficiales del SRI. La clave es que el beneficio no se aplica automáticamente: debe ser correctamente declarado y sustentado.
Contexto tributario 2026: fechas clave
En Ecuador, el pago del Impuesto a la Renta para sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad se realiza generalmente en marzo y abril de cada año, según el noveno dígito del RUC.
Para el ejercicio fiscal 2025, cuya declaración se presenta en 2026:
- Las sociedades suelen declarar entre el 10 y el 28 de abril.
- Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad declaran entre el 10 y el 28 de marzo.
- Las personas naturales no obligadas también lo hacen en marzo, según calendario oficial.
Esto significa que las contrataciones realizadas durante 2025 impactan directamente en la declaración que se presentará en marzo y abril de 2026. Las empresas que aplicaron el incentivo podrán reflejar la deducción adicional en ese período fiscal.
El cumplimiento oportuno es fundamental: omisiones o errores pueden derivar en multas o pérdida del beneficio.
Más que un incentivo fiscal: una apuesta por transformación estructural
Con más de 4,8 millones de personas económicamente inactivas, la inclusión femenina no solo es una cuestión de justicia social, sino de crecimiento económico. Incorporar más mujeres al mercado formal puede ampliar la base tributaria, dinamizar el consumo y fortalecer la productividad nacional.
El desafío no es menor. El empleo adecuado se mantiene en 36,8%, lo que evidencia que el problema no es solo crear puestos de trabajo, sino mejorar su calidad. La Ley de Economía Violeta intenta intervenir precisamente en ese punto: incentivar contratos formales, estables y sostenibles.
Sin embargo, su efectividad dependerá de la adopción real por parte del sector privado y del monitoreo estatal para evitar distorsiones. La política pública necesita seguimiento, evaluación y ajustes permanentes.
Más allá del ahorro tributario, el mensaje es claro: apostar por el empleo femenino no es un gesto simbólico, sino una decisión estratégica. En un entorno económico competitivo, la diversidad y la inclusión pueden convertirse en motores de innovación.
La Economía Violeta no es solo una categoría normativa. Es una invitación a transformar estructuras, abrir puertas y reconocer el potencial productivo de millones de mujeres ecuatorianas.
En un país donde el desempleo es bajo pero la calidad del empleo aún es limitada, cada contratación formal cuenta. Cada contrato estable suma. Y cada deducción aplicada correctamente puede convertirse en una oportunidad para construir un mercado laboral más equitativo.
