La violencia contra las mujeres suele analizarse desde una perspectiva social, judicial o de derechos humanos. Sin embargo, en los últimos años ha quedado claro que también es un problema económico de gran magnitud. En Ecuador, este fenómeno representa una pérdida anual de aproximadamente $4.800 millones, equivalente a cerca del 4,25% del Producto Interno Bruto (PIB).
Pero dentro de esa cifra global hay un dato que interpela directamente al sector productivo: más de $1.800 millones corresponden a pérdidas asumidas por medianas y grandes empresas.
La cifra proviene de estudios impulsados con el apoyo de la cooperación alemana, implementada por la GIZ, que han buscado cuantificar el impacto económico de la violencia de género en el ámbito empresarial. La investigación se enfocó en medir la pérdida de productividad asociada a situaciones de violencia que afectan tanto a mujeres como a hombres en el entorno laboral.
¿De dónde vienen las pérdidas empresariales?
Cuando se habla de violencia de género, muchas personas la relacionan exclusivamente con la esfera privada. Sin embargo, sus efectos atraviesan la vida cotidiana y llegan al lugar de trabajo.
Las empresas enfrentan costos por múltiples vías:
- Ausentismo laboral: trabajadoras que faltan por situaciones de violencia, aunque reporten “calamidad doméstica”.
- Baja productividad: disminución en el rendimiento por afectaciones emocionales, físicas o psicológicas.
- Accidentes laborales: especialmente cuando agresores presentan falta de concentración.
- Clima organizacional deteriorado: equipos que presencian situaciones de violencia y no saben cómo actuar.
- Uso indebido de recursos empresariales: tiempo y herramientas utilizados en conflictos personales derivados de violencia.
Un elemento clave es que los costos no solo provienen de mujeres afectadas. También incluyen pérdidas asociadas a agresores y a personas que atestiguan la violencia en su entorno laboral. El impacto, por tanto, es sistémico.
El estudio evidencia que la violencia contra las mujeres no es un asunto ajeno al sector privado. Al contrario, se traduce directamente en rentabilidad, eficiencia y sostenibilidad empresarial.
Un problema que impacta a todo el país
Los más de $4.800 millones que pierde Ecuador anualmente por violencia de género equivalen casi al total de remesas enviadas por migrantes al país. También se acercan al presupuesto anual destinado a compras públicas.
De ese monto:
- Más de $1.800 millones los asumen medianas y grandes empresas.
- Cerca del 11 % corresponde a pérdidas del Estado.
- El resto recae sobre mujeres, familias y hogares, especialmente a través de gastos médicos, legales y pérdida de ingresos.
En términos económicos, esto significa que la violencia frena el desarrollo nacional. Pero además, perpetúa desigualdades estructurales que afectan especialmente a mujeres en micro y pequeñas empresas, quienes enfrentan mayores barreras para crecer y escalar en el mercado.
Microempresas y el círculo de vulnerabilidad
En Ecuador, una parte significativa del tejido empresarial está compuesta por micro y pequeñas empresas, donde la participación femenina es alta. Sin embargo, las mujeres enfrentan dificultades para pasar de microempresa a pequeña, de pequeña a mediana y luego a grande.
La violencia de género aparece como un factor que incide en:
- Caída de ventas.
- Morosidad en créditos.
- Estancamiento del crecimiento.
- Mayor fragilidad financiera.
Aunque el cálculo de $1.800 millones se concentra en medianas y grandes empresas, aún no se ha cuantificado completamente el impacto en microempresas. De hacerlo, la cifra nacional podría ser incluso mayor.
La violencia como “pandemia”
En Ecuador, siete de cada diez mujeres han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. La prevalencia es tan alta que especialistas como Viviana Maldonado, directora del Programa PreviMujer (Prevenir la Violencia contra las Mujeres) de la Cooperación Alemana implementada por la GIZ, la describen como una “pandemia”, no solo por su extensión territorial, sino por su impacto transversal.
No se trata únicamente de un problema privado. Desde 1995 es considerado asunto de orden público y política pública. La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Código Orgánico Integral Penal tipifican estas conductas como delito.
El desafío es comprender que el costo no se limita a cifras económicas. Hay impactos en salud, educación, desarrollo humano y cohesión social.
Sello Empresa Segura: una respuesta desde el sector productivo
Ante esta realidad, surgió una iniciativa que busca involucrar activamente al sector privado en la prevención: el programa Sello Empresa Segura, impulsado inicialmente por la Cooperación Alemana a través de la GIZ y actualmente liderado por el Ministerio de Producción junto al Viceministerio de la Mujer.
El sello no es un premio simbólico. Es un proceso de transformación organizacional con certificación de dos años, que debe renovarse. Exige:
- Diagnóstico interno.
- Implementación de políticas claras.
- Indicadores medibles.
- Compromiso de la alta dirección.
- Capacitación y acompañamiento técnico.
El programa incluye herramientas específicas (como el PREVI-KIT) que permiten a las empresas medir avances y consolidar prácticas sostenibles.
Beneficios tangibles para las empresas
Las empresas que implementan políticas activas de prevención reportan beneficios concretos:
- Reducción de costos asociados a violencia.
- Mejora en clima laboral.
- Fortalecimiento de reputación corporativa.
- Mayor competitividad en mercados internacionales.
- Mejores condiciones para acceder a financiamiento.
En un contexto global donde multilaterales y fondos de inversión exigen estándares de equidad y gobernanza, contar con certificaciones y políticas claras puede marcar la diferencia.
Más que cifras, una oportunidad de transformación
El dato de los $1.800 millones que pierden las empresas ecuatorianas cada año debería leerse como una alerta, pero también como una oportunidad.
Reducir la violencia de género no solo salva vidas y fortalece derechos. También impulsa productividad, competitividad y desarrollo sostenible.
Las empresas que asumen este reto no solo mejoran sus balances financieros, sino que se convierten en agentes de cambio para el país.
La violencia de género tiene un costo demasiado alto para seguir siendo invisible. En el ámbito empresarial, la prevención no es solo responsabilidad social: es una decisión estratégica.