Un grupo de 50 mujeres conformado entre periodistas, abogadas y escritoras denunció lo que denominan una estrategia sistemática de Hollman Morris, actual gerente de RTVC, para “silenciar a las mujeres que lo denuncian”. El manifiesto pone el foco en la “judicialización de la denuncia pública” y señala un uso indebido de recursos estatales para amedrentar a las víctimas.
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El núcleo de la acusación se sustenta en el caso de Lina Castillo, exmilitante de Colombia Humana. El documento revela detalles inéditos y crudos sobre el presunto acoso sufrido por Castillo cuando Morris era concejal:
“Además de las típicas frases por ir en falda, soy de rasgos morenos, un día empezó el primer comentario, salió alusivo al tema de que quería estar con una morena y me picaba el ojo. Una vez salimos a almorzar con todo el equipo, me pidió que me sentara al lado de él y me tomó de las piernas. En ese momento empecé a distanciarme del equipo, a distanciarme un poco de toda la parte del trabajo y pues de la parte laboral”.
El “escrache” como derecho bajo ataque
Las firmantes, entre las que destacan María Jimena Duzán, Jineth Bedoya Lima y Catalina Ruiz Navarro, advierten que la respuesta de Morris ante estas acusaciones ha sido el contraataque judicial por injuria y calumnia. El documento califica como “sorprendente” que la Fiscalía haya decidido acusar a Castillo, ignorando que el “escrache” es una herramienta protegida por la Corte Constitucional en sentencias como la T-241 y C-222 de 2022.
Según el manifiesto, el reconocimiento de esta forma de denuncia es un “discurso constitucionalmente protegido”, argumentando que:
“Los asuntos de género y violencia sexual contra las mujeres son de interés público y, por lo tanto, cuentan con una protección reforzada por su importancia para el ejercicio de los derechos de las víctimas y para el funcionamiento de la democracia”.
Presunto uso de RTVC para intimidar
Uno de los puntos más graves señalados por las 50 mujeres es la supuesta utilización de la infraestructura de los medios públicos para fines personales de defensa. La carta asegura que Morris ha asistido a las audiencias “empleando el logo del sistema de medios públicos y en compañía de funcionarios de esa entidad pública para intimidar a Lina Castillo”.
A esto se suma la crítica directa al Ejecutivo, pues en el texto menciona que existe un “apoyo incondicional que desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro ofrece al gerente Morris”, lo que, a juicio de las denunciantes, profundiza la impunidad.
El documento cierra con una petición formal y urgente a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para que intervenga en el proceso de Castillo:
“Solicitamos a la justicia colombiana y a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, que se ofrezca un juicio con garantías y con enfoque de género a la ciudadana Lina Castillo. Hacemos un llamado para que se respete el derecho al escrache”.
Con la contundente frase de Gisèle Pelicot, “la vergüenza debe cambiar de bando”, las 50 firmantes, incluyendo nombres como Yolanda Ruiz, Ana Cristina Restrepo y Juana Afanador, exigen que cese la persecución judicial contra quienes deciden denunciar violencias basadas en género en el entorno político y laboral.
Esta denuncia colectiva contra la gerencia de RTVC se produce en un contexto de crisis de seguridad para las mujeres dentro de la industria de la comunicación. Actualmente hay un panorama que se ha hecho evidente con las recientes denuncias por acoso y abuso de autoridad en medios de gran alcance como Caracol Televisión. Para las firmantes, el uso de tribunales para castigar el testimonio de las víctimas demuestra que las estructuras de poder mediático seguirán siendo el principal obstáculo para la justicia de género en Colombia.
