Financiamiento de la Política: La reforma que esperamos el 2013

La alicaída confianza en las instituciones, (según el Centro de Estudios Públicos, sólo un 10% de la ciudadanía confía en el Congreso nacional) puede ser leído como un síntoma de la oscura relación que existe entre poder económico y político.

“El sentido común es la cosa mejor distribuida en el mundo, porque cada uno piensa que está muy bien proveído de él”. Lo mismo que señalaba Descartes sobre el sentido común se puede aplicar al desarrollo sustentable. Hoy todos señalan y proclaman estar trabajando y haciendo cosas en pro de la sustentabilidad. Derechas e izquierdas, progresistas liberales y conservadores, todos abrazan el concepto y lo hacen suyo, pero, ¿qué tan cierto es aquello?, ¿se está haciendo de buena forma?

Cuando sobre un concepto complejo, como es el desarrollo sustentable, se establece un consenso transversal entre personas con distintas miradas de la realidad, muchas veces sucede que el entendimiento o práctica de ese concepto puede diferir, hasta que sean irreconocibles los elementos de esa consensuada idea en sus expresiones efectivas.

Afortunadamente, a pesar de su carácter asintótico, en el caso del desarrollo sustentable  existe algún acuerdo en relación a su contenido normativo. O sea, existe cierto consenso sobre a que nos obligaría a hacer o considerar especialmente pensando en decisiones políticas.

De esta manera, una decisión, un acto de ejercicio de poder político si quiere adjetivarse con el preciado atributo de la sustentabilidad, debiera primero, integrar análisis económicos, sociales, y ambientales, sobre los efectos e impactos que tendrá la decisión a tomar o el acto a realizar.  Para hacer ello de buena manera, debería someterse a la más amplia participación de aquellos que se verán afectados con la medida. Así también, debiera considerar si la medida está siendo equitativa con las futuras generaciones, pero también, y cómo se nos olvida, hacer el examen si la medida o acto es equitativa, o sea, reparte de forma equilibrada los beneficios e impactos entre quienes se verán afectados, o mejor aún, si posibilita la mejora de quienes están ya en una posición de vulnerabilidad.

Ahora bien,  un proceso de toma de decisiones con esta calidad,  que permita realizar estos análisis y examen de buena manera, necesita un ambiente de transparencia, rendición de cuentas y racionabilidad, cuyo peor enemigo es un sistema de financiamiento de la política oscuro donde el protagonismo no lo tiene el fisco,  sino que  privados. Me refiero al caso de nuestro país.

El financiamiento de la política es una reforma clave, necesaria para alcanzar el desarrollo sustentable. Si queremos  lograr este tipo de desarrollo se necesita que las decisiones de los poderes políticos se ajusten a ciertos procesos  y a la consideración de ciertos elementos, que  un financiamiento de partidos y campañas no completamente claro y con débil participación fiscal, obstaculizan.

En Chile son los privados, y aquellos que concentran poder económico de manera abundante,  quienes constituyen el principal motor financiero de la política. Es claro que no podemos asegurar que estos privados financiaran campañas y partidos sólo por buena voluntad y siempre pensando en el  bien común. Por el contrario, es de toda lógica pensar que financiarán a aquellos que se inclinen o se comprometan a inclinarse por las decisiones, leyes y actos que produzcan mayores beneficios a sus donantes.

Si el dirigente del partido, representante o autoridad sujeto a elección no tiene otro modo de asegurar financiamiento, (y, como cada vez es más claro, sin financiamiento es difícil competir con otro candidato que tenga ese dinero para desplegar presencia y visibilidad en medios y en la calle) claramente ese representante público tiene un incentivo para  considerar en mayor medida los intereses del donante, antes y primero que los elementos que debiera tomar en cuenta al realizar el examen que un desarrollo sostenible exige.

La alicaída confianza en las instituciones,  (según el Centro de Estudios Públicos, sólo un 10% de la ciudadanía confía en el Congreso nacional) puede ser leído como  un síntoma de la oscura relación que existe entre poder económico y político. Esta situación exige que los ciudadanos que creemos  en la democracia, nos movilicemos por esta reforma.  En marzo del año que recién culminó, un grupo bastante relevante de personas de figuración pública solicitó una reforma al financiamiento de la política en Chile. El omiso caso que se hizo a tal llamado, nos hace considerar que esta vez, la voz de alerta tiene que darse con más fuerza.

Reforma que como lo hemos descrito, no sólo es vital para una democracia plena, sino que también es una acción clave para que  nuestro país alcance un  verdadero desarrollo sustentable.