Tal como sospechamos algunos bien intencionados, el resultado de las dos comisiones que propusieron una política energética para Chile -la Comisión Asesora de Desarrollo Eléctrico (CADE), propuesta por el Presidente de la República; y la autoconvocada Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria, integrada por parlamentarios, académicos y ONGs- tuvieron mucho en común.
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Las propuestas fueron recientemente debatidas en un evento convocado por el programa Escenarios Energéticos, contando con masiva asistencia de público, lo cual demuestra el interés que esta trascendental temática despierta en una diversidad de actores, lo cual también constituye una buena noticia.
Ambas coinciden en la excesiva concentración del sector, así como de la propiedad de los derechos de agua, junto con la necesidad de desacoplar las utilidades de las empresas con la venta de energía; proponen revisar el sistema tarifario de modo de incorporar la inclusión social como criterio, la posibilidad de generación residencial y criterios ambientales en la aprobación estratégica de los proyectos; y solicitan introducir mayor transparencia en la toma de decisiones en el mercado energético.
Asumen que la eficiencia energética es la opción más inteligente y que se debe explorar todo el potencial de las energías renovables no convencionales, por lo cual recalcan la conveniencia de contar con mecanismos de financiamiento específicos para su promoción. Asimismo, coinciden en la necesidad de limitar las tecnologías de generación que emiten CO2, y recomiendan que el país asuma un compromiso con la reducción de GEI.
Con el objetivo de mejorar las decisiones sobre la localización de la infraestructura energética, las dos comisiones demandan con urgencia la definición de áreas especialmente aptas para la generación, así como las vedadas para determinadas tecnologías, contemplando la equidad territorial y la protección de los servicios ecosistémicos. Para ello, mayor información, especialmente del funcionamiento de las cuencas hidrológicas y los ecosistemas acuáticos, es fundamental, por lo cual se enfatiza la necesidad de impulsar la I+D. Destacan también la conveniencia de complementar la normativa relacionada con el impacto de la generación y distribución de energía en la salud de las personas así como en los ecosistemas.
Con respecto a la compensación a las comunidades afectadas, coinciden en la conveniencia que dichos aportes se relacionen con planes de desarrollo local, como forma de evitar compra de voluntades.
Ambas propuestas también recalcan la necesidad de impulsar un cambio cultural en la comunidad, que fomente el uso eficiente de la energía no sólo en momentos de crisis, incentive el cambio tecnológico y promueva la participación ciudadana en la toma de decisiones del sector, especialmente de organizaciones de consumidores.
El país ahora debería rendir un homenaje a los ciudadanos que se involucraron en ambas comisiones, ya que el trabajo fue arduo, a la altura del desafío asumido. Asumo que su recompensa será que finalmente el país cuente con una política energética que nos permita avanzar hacia un futuro aceptable para todos.
Lo relevante de este proceso es la comprobación de lo eficiente que resulta poner en blanco y negro distintas posiciones sobre problemas complejos, y luego debatir en forma transparente y con altura de miras los puntos en disenso. Ello permite que, mientras el país se pone en marcha en la implementación de las líneas de acción acordadas, es posible seguir debatiendo sobre aquellos puntos en los cuales convergen diferentes visiones o simplemente se requiere más información para tomar una posición fundada.
Por cierto, uno de ellos es la posibilidad de contar con energía nuclear en Chile. Pero, dada la sismicidad de nuestro país, yo voto que no.