Ha medida que avanzó la colonización en las regiones al sur del río Bíobío, surgió en la década de 1870 una postura conservacionista que intentaba reclamar un lugar frente a la destrucción de bosques y espacios naturales en el país.
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En 1872 se aprueba la ley sobre “Corta de bosques” y el 16 de enero de 1879 se promulga el decreto sobre “Reservas de Bosques Fiscales”. Este último disponía que en la venta de terrenos del Estado en las provincias de Arauco, Valdivia, Llanquihue y en el departamento de Angol, una franja de no menos de 10 kilómetros de espesor, que corriera de norte a sur, se debía reservar para que formará una barrera verde destinada a la contención de las aguas y la protección de las tierras agrícolas del valle longitudinal.
Con este precedente jurídico y gracias a la activa labor de hombres como Federico Albert, el 30 de septiembre de 1907 se emitió a través del Ministerio del Interior el Decreto Supremo Nº 1540, que establecía la Reserva Fiscal Malleco, la más antigua del país.
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Desde ese momento y hasta el año 1913, el fisco formó las reservas forestales de Tirua, Alto del Bíobío, Villarrica, Llanquihue, Petrohué, Puyehue y Chiloé, con lo que conformó un total de 600 mil hectáreas repartidas entre Concepción y Puerto Montt.
La conocida Ley de Bosques, cuyo nombre real es Decreto Ley 4.363, del año 1931, otorga al Presidente de la República la facultad de establecer parques y reservas nacionales. A pesar de las medidas proteccionistas instauradas desde el siglo anterior, la Ley de Colonización Nº 5.604, del 15 de febrero de 1935, permitió que en algunas situaciones se colonizara en Reservas Forestales y Parques Nacionales.
Hacia el año 1965 existían 26 Parques Nacionales que abarcaban una superficie aproximada de 11,5 millones de hectáreas y protegían diversas especies vegetales.
El año 1966, con la creación de cinco nuevos Parques Nacionales, se agregaron 111 mil hectáreas a los terrenos protegidos: Laguna de los Cisnes, Los Pingüinos y Monte Balmaceda en Magallanes; Punta del Viento en Coquimbo y Lautaro en Cautín. También se formaron ese mismo año otras cinco reservas forestales con una superficie de 487 mil hectáreas. Estas adiciones elevaron a 2,2 millones de hectáreas la superficie bajo el régimen de conservación del Estado, lo que implicaba un aumento del 28% sobre el total anterior a 1965. Entre 1970 y 1974 se establecieron otros 12 Parques Nacionales y tres Reservas Nacionales.
En los setentas, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) tomó la dirección de las materias relacionadas con los bosques del país. Para la conservación, desarrolló el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), que a finales de los ochenta comprendía 29 Parques Nacionales, 36 reservas Nacionales y 9 Monumentos Naturales, cubriendo un área aproximada de 14 millones de hectáreas, cuidadas por 269 guarda parques, con un promedio de 600 mil visitantes al año.
Ya en la década de 1990, Douglas Tompkins intentaría crear un parque natural de 300 mil hectáreas en la zona de Palena (Región de Los Lagos), promoviendo la idea de la conservación impulsada por particulares. Su proyecto se vería detenido por intereses políticos opuestos a sus ideas conservacionistas, cercanas a la ecología profunda. Tras años de conflicto, Tompkins decidió donar al Estado chileno 78 mil hectáreas, que pasarían a formar parte del Parque Nacional Corcovado y acabar así con las suspicacias y sospechas sobre sus actividades.
Durante el año 2004, el grupo de inversiones Goldman Sachs donó a la Wildlife Conservation Society 272 mil hectáreas de lenta en Tierra del Fuego, para así crear una zona de protección que puso fin a ocho años de enfrentamientos entre ecologistas y la Forestal Trillium.
Fuente: Medio ambiente, conservación y biodiversidad en Chile (Memoria Chilena)