El tenebroso prontuario del grupo Angelini

Sus empresas han sido denunciadas cientos de veces por daños ambientales, y han sido demandadas incluso por el Consejo de Defensa del Estado chileno.

Ser reconocida como una de las empresas más importantes del país tiene su precio. El que ha pagado el grupo Angelini es ser una de las que tienen peor reputación en torno a su manejo ambiental, con reiteradas faltas a la institucionalidad, operando industrias sin los permisos necesarios, cometiendo varios Ecocidios a nivel nacional en Chile, destruyendo el patrimonio natural del país  y deteriorando la calidad de vida de sus habitantes.

Cuando CELCO recibió el Premio Sofofa Empresa Destacada 2009, la Sociedad de Fomento Fabril la destacó por su “gran aporte al crecimiento económico de Chile, liderazgo exportador, compromiso con la inversión y el empleo, contribución al desarrollo industrial y exitosa internacionalización”. Claro que no mencionó su largo prontuario de desastres ambientales.

En la ciudad de Constitución, por ejemplo, durante más de 30 años los habitantes han tenido que soportar los putrefactos olores que emana una planta de celulosa que este grupo mantiene literalmente en medio de la ciudad. Los niños camino al colegio, los ancianos, los consultorios, la municipalidad. Todos están obligados a soportar los olores. Basta con entrar a la ciudad para empezar a olerlos.

Otra de estas plantas, seguramente la más mediática, es la instalada en la comuna de San José de la Mariquina, región de Los Ríos, que desde el 2004 deposita sus desechos tóxicos en el río Cruces. Los habitantes de San José soportan los olores, pero el premio mayor se lo llevó la comuna de Valdivia, destacada internacionalmente por sus humedales, por su Santuario de la Naturaleza, Carlos Anwanter, poseedora de una  inconfundible fauna fluvial.

De un día para otro los famosos cisnes de cuello negro empezaron a presentar problemas fisiológicos (algunos no podían mantener su cuello erguido), mientras que otros decidieron emigrar. Muchos cayeron muertos, en pleno vuelo, en las calles de la ciudad y en los patios de las casas, comenzando una extensa campaña, marchas y protestas contra la celulosa.

La respuesta del Estado, como era de esperarse frente a tamaño holding empresarial, fue prácticamente nula y costó mucho paralizar las actividades de la industria. De hecho, es por todos conocida la reunión que mantuvieron Anacleto Angellini y el ex-Presidente Lagos, tras la cual no hubo sanción alguna. Por su parte, la empresa respondió con manifestaciones a favor de la planta, con obreros portando motosierras encendidas por las calles de la ciudad, retroescavadoras paseando por las avenidas y un grupo de personeros de gobierno “defendiendo el empleo”. Los buses que transportaban a los trabajadores de Valdivia a San José eran apedreados, y, pese a los informes de la Universidad Austral que indicaban a la empresa como culpable de destruir el Santuario de la Naturaleza, ésta sigue actualmente funcionando, e incluso se les revocó la multa a la que estaban condenado, pues los tribunales ambientales manifestaron no tener pruebas concluyentes de que la contaminación era producida por la Celulosa Arauco.

Hace poca semanas, se ha denunciado que la misma empresa tendría un criadero de cisnes de cuello negro para liberar ejemplares adultos con sus crías en las aguas del Río Cruces, para así mantener la población de estas aves. Los más pequeños mueren por falta de alimento, mientras los adultos emigran, por lo cual estarían constantemente depositando especies en el río.

Frente a tantas protestas, la empresa decidió construir un ducto de evacuación de desechos que culminaría su recorrido en la costa marítima de Mehuín, al norte de la región de Los Ríos. Por supuesto, los pescadores vieron amenazada su fuente de trabajo y organizaron sendas protestas contra la empresa, las que fueron reprimidas a disparos por personal de la Armada de Chile.

Otro caso es el sucedido en la planta celulosa Nueva Aldea, en el Valle de Itata, región del BioBio, donde en 2005 un grupo de trabajadores fueron contaminados con sustancias radioactivas, a causa de una fuga en un aparato que utilizaba iridio. Esa misma planta descarga sus desechos tóxicos en el mar, y el 21 de diciembre de 2010 el ducto sufrió una ruptura, provocando un derrame de líquidos industriales en la comuna de Coelemu.

En la región del Maule, la planta Licancel ha sido acusada varias veces de provocar la muerte de centenares de peces en el río Mataquito, con derrames de hasta 200mil litros de desechos tóxicos. El evento fue calificado por la empresa como una “anomalía”. Esto fue en julio de 2007; en septiembre, el Consejo de Defensa del Estado demandó a la planta, pero en octubre la SEREMI de salud del Maule aprobó la reapertura, luego de haberla cerrado semanas antes.

También el 2007, mientras grupos de empleados de la planta Horcones, en el Bio Bio, mantenían protestas exigiendo mejoras en las condiciones laborales, el trabajador forestal Rodrigo Cisternas fue asesinado por efectivos policiales. Según se cuenta, los carabineros reprimieron una manifestación nocturna rompiendo los vidrios de los automóviles de los trabajadores, a lo que Cisternas respondió utilizando maquinaria pesada para volcar los vehículos policiales. La respuesta de la policía fue ametrallar al trabajador, quien murió en el acto con 25 proyectiles en el cuerpo. A su funeral asistieron más de 25mil personas.

Destaquemos que el grupo Angelini sigue haciendo de las suyas, y hoy por hoy es uno de los principales accionistas de la mina Invierno, en Isla Riesco, la que ha sido ampliamente rechazada por grupos ecologistas, que denuncian los graves efectos en la rica biodiversidad de la zona que provocará la producción minera.

Si hay algo que personalmente he defendido en este blog, es la labor que el Estado debería ejercer frente a las empresas contaminantes. La institucionalidad ambiental en Chile es de las más permisivas del globo, es decir que permite que las empresas contaminen en el marco de la ley, pero a empresas como las del grupo Angelini no les basta con eso y contaminan incluso más.

Si el Estado se niega a tener una institucionalidad ambiental acorde a las necesidades del país, podrían por lo menos fiscalizar que esas leves normas se apliquen. Pero ni siquiera hacen eso. Lamentablemente, el poder del dinero sigue siendo más fuerte. Prontuarios como este lo demuestran.

Vía mapuexpress.net