El régimen talibán de Afganistán firmó y empezó a aplicar un nuevo Código Penal que ha generado profunda preocupación internacional. Según organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, este documento —llamado Criminal Procedure Code for Courts o De Mahakumu Jazaai Osulnama— redefine las normas de justicia en el país de una manera que afecta directamente a la vida de las mujeres, niñas y también de niños.
La parte más criticada del texto es un artículo que parece permitir la violencia doméstica bajo condiciones muy específicas: un esposo puede físicamente castigar a su esposa o a sus hijos siempre que la agresión no cause fracturas óseas ni heridas abiertas visibles. Solo en esos casos de lesiones graves, y si la mujer logra probarlo ante un tribunal, podría haber una pena máxima de 15 días de prisión para el agresor.
¿Cómo se interpreta la norma?
El código clasifica ciertas acciones violentas como “discrecionales” (ta’zir), lo que significa que no siempre son consideradas crímenes que deban ser castigados con severidad por el Estado. En la práctica, esto supone que golpes que no dejen huellas visibles o fracturas no serán perseguidos como delito, lo que para muchas organizaciones implica una especie de “normalización” de la violencia en el ámbito familiar.
Además, la carga de la prueba recae en la víctima: la mujer que denuncia abusos debe acudir a un tribunal acompañada por un tutor masculino (mahram) y demostrar físicamente las lesiones. En muchos casos, este tutor puede ser el mismo hombre acusado, lo que plantea barreras adicionales para la justicia.
El contexto de derechos de las mujeres en Afganistán
Estas medidas llegan en un contexto de fuertes restricciones a los derechos de mujeres y niñas en Afganistán desde que los talibanes regresaron al poder en 2021. Informes de Naciones Unidas y organizaciones globales han documentado una reducción sistemática de las libertades femeninas, incluyendo prohibiciones en educación secundaria y trabajo, restricciones de movilidad, y control sobre la presencia pública de mujeres.
El nuevo código reemplaza la anterior Ley de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, promulgada en 2009, que buscaba proteger legalmente a las mujeres de abusos y discriminación. Su derogación y sustitución por este marco judicial más rígido ha sido vista como un retroceso profundo en materia de igualdad y derechos humanos.
Reacciones y críticas
La reacción internacional ha sido inmediata. Naciones Unidas, grupos de derechos humanos y líderes de diferentes países han expresado su rechazo. Críticos señalan que esta legislación no solo normaliza la violencia doméstica, sino que también criminaliza a las mujeres por actos como salir de casa sin permiso del esposo, imponiendo hasta tres meses de prisión en algunos casos.
Además, figuras religiosas y activistas de diversas partes del mundo han condenado la interpretación del régimen talibán como contraria a los principios de igualdad y dignidad humana. Algunas voces dentro de comunidades musulmanas han llamado a un análisis crítico de estas normas, argumentando que no representan los valores del Islam respecto a la protección y respeto de la mujer.
¿Qué significa para las mujeres y la sociedad afgana?
Aunque la ley se presenta como una regulación formal, los efectos sociales y culturales pueden ser mucho más amplios. Expertos advierten que la ausencia de una prohibición clara contra la violencia doméstica crea un ambiente donde las mujeres están legalmente desprotegidas, incluso en casos de abuso físico, psicológico o sexual que no cumplan el umbral de daños visibles.
Este nuevo marco legal, junto con otras restricciones impuestas por los talibanes, ha consolidado un sistema de justicia que, según críticos, favorece la impunidad y refuerza una estructura social profundamente desigual. Derechos humanos internacionales, como la Convención contra la Tortura o la Declaración Universal de Derechos Humanos, establecen principios contrarios a cualquier forma de violencia o discriminación, desafíos que ahora enfrentan mujeres afganas.
La aprobación del nuevo código penal en Afganistán representa un momento crítico en la historia reciente del país y plantea preguntas urgentes sobre la protección de derechos fundamentales. Más allá de las fronteras, la noticia ha despertado debate global sobre la igualdad de género, justicia y la responsabilidad de la comunidad internacional para promover y proteger los derechos humanos en todos los rincones del mundo.