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La triste realidad de los feminicidios en Colombia

De los 531 feminicidios reportados en Colombia por Medicina Legal, entre 2014 y 2017, más de la mitad de ellos (59,1%) ocurrieron en el hogar de las víctimas. Y en todos los casos el agresor fue la pareja o expareja de ella. Así son los feminicidios en Colombia.

Una de las cosas que más preocupa es que gran parte de las mujeres víctimas de violencia ya habían denunciado agresiones. Pero se hizo poco o nada. Por eso, para estas entidades es urgente que se reconozca el feminicidio y así lograr la prevención de los asesinatos de mujeres basados en el género.

Según la ONU, el feminicidio, la muerte violenta de mujeres por razones de su género, afecta a mujeres y niñas en todo el mundo. De hecho, 14 de los 25 países con las tasas más altas de feminicidios se encuentran en Latinoamérica y el Caribe, configurándola como una de las regiones con mayor número de muertes violentas de mujeres en el mundo.

La violencia contra las mujeres no es otra forma de violencia familiar, es una forma específica e independiente de agresión basada en el hecho de ser mujer.

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Feminicidios en Colombia

Los casos de feminicidios registrados por la ONU y Medicina Legal en estos tres años señalados anteriormente demuestran que las mujeres colombianas no están seguras en sus hogares, donde viven con sus familias.

“La vivienda es un sitio de alto riesgo para las mujeres que sufren violencia”, indicó el informe de las entidades.

De los feminicidios ocurridos en viviendas, el 67,2% de las víctimas fallecieron asfixiadas por sus parejas o exparejas.

Pero no solo eso. Para las mujeres en riesgo extremo de ser asesinadas, los indicadores más recurrentes son: aumento de la violencia física en severidad o frecuencia, en el último año (77,8%); los celos constantes y violentos (75,9%); la creencia de las mujeres de que su pareja o expareja es capaz de matarla (73,4%); el control de la mayoría de las actividades diarias (68,0%) y la amenaza de muerte (65,4%).

La violencia psicológica también se presentó en la totalidad de los casos estudiados y se manifestó en malos tratos, insultos y malas palabras, control sobre la vida y relaciones de las mujeres, la manipulación con el daño a los hijos e hijas, la amenaza de quitárselos, amenaza a ellas y con el suicidio.

En estos tres años, de las 23.189 mujeres valoradas para identificar el riesgo de violencia mortal o feminicida, la tercera parte de ellas (33%) se hallaba en riesgo extremo de ser asesinadas y el 20,8% de ellas expresó a las autoridades que su pareja ha evitado ser arrestado por violencia en la familia. Además, hubo antecedentes de violencia que no fueron atendidos.

¿Qué se puede hacer?

Desde 2013, ante la gravedad de las lesiones sufridas por las mujeres que acudían a reconocimiento médico legal y debido al creciente número de feminicidios en el país, Medicina Legal decidió implementar un instrumento que permitiera valorar el riesgo de muerte en mujeres que acuden a las autoridades por violencia de pareja o expareja.

Lo que arrojó el ‘Protocolo de valoración del riesgo feminicida (2014-2017)’ es que Colombia se encuentra ante el desafío fortalecer las leyes nacionales y seguir los protocolos internacionales para eliminar la impunidad en los casos de feminicidio y en la atención y protección de mujeres y niñas víctimas de violencia.

Por eso, entre las recomendaciones que hacen está: “Fortalecer el trabajo de funcionarios y funcionarias de estas instancias sobre imaginarios que toleran y legitiman la violencia, además de tener presentes las competencias de estas instancias cuando se realice el plan de seguridad y la orientación a las víctimas sobre las entidades que brindan protección”, se lee en el informe.

Dice la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, con ocasión de la Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer que, “además de considerar la violación como un delito, debemos hacer más, mucho más, para que la víctima sea lo más importante de la respuesta (de las autoridades) y para que los agresores rindan cuentas”.

Esto implica reforzar la capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley “y apoyar a las sobrevivientes mediante procesos jurídicos penales, dándoles acceso a los servicios de justicia, policiales y de asesoramiento legal, además de los servicios sociales y sanitarios, especialmente en el caso de las mujeres más marginadas”, agregó Mlambo-Ngcuka.

Contar con más mujeres en las fuerzas policiales e impartirles una capacitación adecuada es fundamental para que las sobrevivientes vuelvan a confiar en la justicia y sientan que su denuncia se toma en serio en todas las fases de lo que puede ser un proceso complejo. “Para progresar también debemos derribar las muchas barreras institucionales y estructurales, los sistemas patriarcales y los estereotipos negativos sobre el género que perviven en los estamentos judiciales, policiales y de seguridad, al igual que en otras instituciones”, indicó.

Para la directora ejecutiva de ONU Mujeres, ninguna otra generación debe verse obligada a luchar con el legado de la violencia sexual.

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