Hace un año que se entrega en Chile la Píldora del día Después de manera gratuita a las menores de edad que la soliciten en el servicio de salud pública que les corresponde. De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial el 28 de marzo del 2013 cuando una menor de 14 años la solicite se debe suministrar y posteriormente el funcionario está obligado a informar sobre la entrega a los padres de la menor o apoderados.
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Sin embargo, ayer nos enteramos que la Contraloría General de la República chilena ha aprobado un nuevo dictamen que podría pone en riesgo la libertad y confidencialidad de esta práctica. Desde hoy las menores de 14 años no podrán acceder a la píldora sin que el médico se contacte antes con sus padres.
Ramiro Mendoza, el contralor de la república, declaró que se puede seguir entregando esta pastilla pero que “tampoco se les puede negar a los padres tener el conocimiento de la situación, eso es lo que se está diciendo”.
Sin embargo, se ha generado una polémica discusión por este cambio. Claudia Dides, investigadora en salud sexual y reproductiva del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Universidad Central y miembro de Miles Chile, conversó con Cooperativa y acusó al Estado de no dar cumplimiento a los derechos de los adolescentes “a la confidencialidad y al consentimiento informado para utilizar la anticoncepción de emergencia”.
Además, aseguró que esta nueva norma “significa que va a haber un alza en abortos clandestinos y lo otro, lo más probable, es que aumenten los embarazos adolescentes con menores de 14 años”.
Ahora la pregunta es ¿por qué se realizó esta modificación? Bueno se trata de una petición presentada por el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), y por Tomás Henríquez, representante de la ONG “Comunidad y Justicia“.
Justamente, Codina es el sucesor natural del ex alcalde y actual senador por Santiago Oriente, Manuel Ossandón (RN) quien desde la publicación del decreto se negó a entregar la píldora en los consultorios de su comuna a cualquier mujer que la pidiera sin importar si era mayor de edad o no. Mientras Ossandón era alcalde declaró que no renunciaría a sus “principios y si quieren que me echen. Me voy a defender, pero creo que en Chile nadie ha sido capaz de comprobar que esta píldora no es abortiva”. En enero de 2012 el actual alcalde de Puente Alto declaró que era “el continuador de la obra de Ossandón” y es por esto que se hizo parte de la petición de la revisión a la Contraloría.
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Por otra parte, la ONG Comunidad y Justicia es una entidad sin fines de lucro “centrada en la defensa del derecho a la vida” entre otras misiones. Esta es una ONG conservadora que defiende la familia fundamentada en el matrimonio que “encuentra su raíz común en la unión de un hombre y una mujer”.
Claramente, vemos que existe una marcada línea de pensamiento conservador y tradicionalista en las entidades que pidieron la revisión y en la aprobación unilateral de parte de la Contraloría por cambiar este decreto. ¿Pero qué pasa con los ciudadanos que no están de acuerdo con esta forma de pensar? Dónde está el respeto a los derechos de quienes desean tomar sus propias decisiones sin que un grupo paternalista limite y defina sus convicciones y valores. Por qué se respeta -por ejemplo- que un alcalde no acate una ley publicada en el Diario Oficial sobre la obligación de entregar la pastilla del día después a toda mujer que la requiera y sin embargo, se obliga a todo el resto a condicionar la entrega de este medicamento. Son algunas de las dudas que surgen en medio de esta polémica.
Sin duda, esta discusión recién comienza. ¿Qué opinas de este conflicto?
