El pasado viernes 12 de septiembre, diversos grupos ambientalistas se reunieron en dependencias del Ministerio de Agricultura con Hugo Martinez, asesor ministerial a cargo de la redacción del nuevo proyecto de ley que regula las obtenciones vegetales. Según el asesor, el gobierno de Michelle Bachelet busca tener el proyecto de ley listo a fin de año, para ser ingresado al Congreso Nacional a tramitación.
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En dicha ocasión trascendió que el Ministerio espera conformar un nuevo cuerpo legal en el cual se regule el registro de nuevas variedades vegetales asegurando los derechos de propiedad intelectual para las grandes compañías semilleras e incorporando a la vez un registro de variedades agrícolas tradicionales a fin de evitar su apropiación por parte de estas mismas empresas bajo el convenio UPOV 91.
Los representantes de Chile sin Transgénicos y de Fundación Sociedades Sustentables presentes en dicha reunión, manifestaron su preocupación por los plazos de implementación, ámbito y financiamiento de dicho registro, así como de su necesaria implementación en forma previa al registro de propiedad intelectual de nuevas variedades vegetales por parte de las compañías productoras de semillas.
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Asimismo se mencionó que el sistema de registro posiblemente no podrá incorporar todas las variedades de semillas tradicionales, por lo que se requiere otras formas complementarias de salvaguardia, como antecedentes históricos de usos y costumbres, como asimismo su protección de la contaminación transgénica.
Otro punto de preocupación señalado durante la reunión, se refirió a que UPOV 91 incorpora de forma obligatoria a todas las variedades de plantas, por lo que la nueva ley debiera además incorporar el registro de aquellas plantas de uso forestal, medicinal, ornamental, u otras, que permita salvaguardar este patrimonio fitogenético nacional de uso ancestral de su apropiación en manos de las compañías de semillas.
Las organizaciones también estimaron la necesidad de una consulta indígena frente a la implementación de este cuerpo legal, que si bien no es de carácter vinculante, parece un paso imprescindible para avanzar en una ley que permita el mayor consenso posible.