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Autoridades de Australia Occidental rechazan captura de tiburones

Este año se recibieron más de 25.000 firmas para que la Autoridad de Protección Ambiental no realizaran la cacería de tiburones con el fin de entregar playas “más seguras”.

Durante los últimos años el estado más grande de Australia organiza la “shark cull”, una especie de cacería de tiburones que tiene por fin aumentar la seguridad de las playas para los bañistas en época estival.

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Este año, debido a las recomendaciones de la Autoridad de Protección Ambiental (EPA por su sigla en inglés), Australia Occidental decidió no extender este programa por “el alto grado de incertidumbre científica” sobre el impacto de esta práctica en la población de tiburones blancos.

La práctica consiste en la instalación de 70 trampas con anzuelos cebados ubicadas a 1 kilómetro de las playas más concurridas de Perth y en las playas del suroeste del estado, terminando con las vidas de tiburones blancos que rondan por las playas y que potencialmente puedan ser peligrosos para nadadores o buzos, explica el medio británico The Guardian.

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El jueves pasado, Paul Vogel, presidente de la EPA, señaló que según las estimaciones del gobierno existía “demasiada incertidumbre respecto a la información y evidencias disponibles sobre la población del tiburón blanco en el suroeste, la captura incidental y la pesca comercial”, explicando que la EPA ha adoptado un enfoque cauteloso “al estar en contra de esta propuesta”.

Sin embargo, la decisión sobre la caza de tiburones en octubre próximo deberá ser decidida finalmente por el ministro de Medio Ambiente de Australia Occidental, Albert Jacobs, con la aprobación del ministro de Medio Ambiente federal, Greg Hunt.

El primer ministro de Australia Occidental, Colin Barnett, dijo al Parlamento que estaba decepcionado por la decisión, pero que era “muy poco probable” que el gobierno apelara. Barnett explicó que las playas de Perth pueden ser “muy seguras” gracias a las patrullas aéreas, pero que no podía decir lo mismo sobre las playas del suroeste del estado, explicando que “no puedo mirar a la gente en el suroeste y decir sus playas son seguras porque creo que no lo son”.

Este año el estudio de la EPA fue objeto de interés público como nunca. Se recibieron cerca de 7.000 presentaciones y 2 peticiones con más de 25.000 firmas para detener esta práctica instaurada luego de 7 ataques mortales en los últimos 3 años.

Es difícil entender cómo en estos tiempos todavía se cuestione la cacería de especies vulnerables como el tiburón blanco. Claramente su caza no será la solución para la seguridad de los bañistas.

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