Tras una histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, la autorización de impacto ambiental del Acueducto Independencia en Sonora fue anulada. No podrá iniciarse la construcción hasta que no se consulte de manera libre e informada al pueblo yaqui.
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El pueblo yaqui habita en el estado de Sonora, al norte de México, en la frontera con Arizona. Desde 1940, cuando Lázaro Cárdenas era presidente de México, sus derechos territoriales como pueblo indígena fueron reconocidos. Entre estos derechos destaca el de disponer cada ciclo agrícola hasta de la mitad del agua almacenada en la Presa La Angostura para el riego de sus tierras.
Pero esto se vio amenazado cuando en febrero de 2011 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la construcción y operación del Acueducto Independencia. Para su construcción, se requería realizar obras dentro de la Presa El Novillo. Ambas presas – tanto La Angostura como El Novillo – se alimentan del Río Yaqui. Pero la Semarnat no analizó si la toma de agua para el Acueducto podría afectar otras tomas de agua, especialmente aquellas de las que dependen los miembros del Pueblo Yaqui. Mucho menos consultó a las comunidades cuya agua podría verse limitada.
Ante esta situación, el pueblo yaqui inició una serie de acciones legales en contra de la resolución de la Semarnat, por la violación a sus derechos territoriales como pueblo indígena y a su derecho a ser consultados de manera previa, libre e informada. Finalmente, el tribunal más alto de México – la Suprema Corte de Justicia de la Nación – decidió a favor de la comunidad y del agua. Ordenó a la Semarnat la anulación de la autorización, e iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, incluyendo la consulta al pueblo Yaqui.
En esta decisión del pasado mes de julio, la Suprema Corte se pronunció por primera vez sobre temas relacionados con pueblos indígenas y sus recursos naturales. Por un lado, determinó que cuando exista un riesgo de que sus tierras y recursos naturales se vean afectados con algún proyecto, las comunidades deben ser consultadas.
La consulta debe realizarse en las primeras etapas de planeación, de forma informada y culturalmente adecuada, y buscando llegar a un acuerdo. Además determinó que las comunidades indígenas pueden acudir a reclamar sus derechos a los juzgados y tribunales mexicanos.
En días pasados se dio a conocer que la Semarnat ya anuló la autorización e inicio el proceso de consulta pública sobre la construcción y operación del Acueducto Independencia.