Juan E. Méndez,, relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, recalcó que la negación de los servicios reales, sanciones o represalias a mujeres por un aborto legal podría equivaler a tortura.
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“Los Estados cuya legislación nacional autorice los abortos en diversas circunstancias deberán velar por la disponibilidad real de los servicios sin consecuencias adversas para la mujer o el profesional de la salud”, explicó el relato de la ONU.
Durante la presentación de su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos, Juan E. Méndez llamó a los Estados miembros “a que velen porque las mujeres tengan acceso a la atención médica de emergencia, incluidos los cuidados posteriores al aborto, sin temor a sanciones penales o represalias”.
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De acuerdo a lo expuesto en el informe, organismos tanto internacionales como regionales de derechos humanos, han percibido como los malos tratos dirigidos a mujeres que solicitan servicios de salud reproductiva “pueden causar enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales, provocados por motivos de género”.
Para el experto existen diversos tipos de ejemplos de violaciones que pueden constituir tortura o malos tratos como “el maltrato y la humillación en entornos institucionales; las esterilizaciones involuntarias; la denegación del acceso a servicios autorizados de salud como el aborto y la atención post-aborto”., agregando que “la mutilación genital femenina; las infracciones del secreto médico y de la confidencialidad en entornos de atención de la salud, como las denuncias de mujeres presentadas por personal médico cuando hay pruebas de la realización de abortos ilegales”.
De igual modo “intentar hacer confesar a una mujer como condición para que reciba un tratamiento médico que podría salvar su vida después de un aborto” podría ser un acto de tortura.
Por otro lado denuncia que para muchas víctimas de violación, “el acceso a un procedimiento de aborto sin riesgo es prácticamente imposible debido a un laberinto de trabas administrativas y a la negligencia y la obstrucción oficiales”.
“El Comité contra la Tortura ha expresado reiteradamente su preocupación por el hecho de que las restricciones en el acceso al aborto y las prohibiciones absolutas con respecto al mismo conculcan la prohibición de la tortura y los malos tratos”, describe el informe.
En el texto, el relator evidencia diversas prácticas abusivas registradas regularmente en entornos de atención de la salud y describe cómo se aplica en ese contexto el marco de protección contra la tortura y los malos tratos.
Además de denunciar temas de discriminación, aislamiento e inmovilización de discapacitados en instituciones psiquiátricas, el rechazo de servicios médicos a homosexuales o transgéneros, como también a pacientes con VIH.
“Los ejemplos examinados de tortura y malos tratos en entornos de salud probablemente representan la punta del iceberg de este problema mundial”, advirtió el relator especial de la ONU.
Fuente: Terra