Cómo olvidar el tremendo impasse que tuvo la multinacional franco-belga GDF Suez en Chile, después de que el gobierno aprobara la construcción de su planta termoeléctrica de Barrancones, y, producto de las manifestaciones populares en contra, le quitaran más tarde el permiso. Asimismo, miles de persones se han manifestado en contra de que esta empresa instale centrales termonucleares en el norte de nuestro país. Chile no es el único país donde GDF ha tenido problemas. En Brasil, los trabajadores de una futura hidroeléctrica hicieron una huelga que mantiene en suspenso su construcción.
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Según afirman representantes de la empresa, todo el conflicto comenzó con una disputa personal de dos empleados, pero el Movimiento de Afectados por la Represas (MAB) emitió un comunicado donde acusan a la empresa de cometer fuertes irregularidades laborales, obligando a los trabajadores a laburar en horarios inhumanos y percibiendo sueldos bajísimos. Además, acusaron reiteradas violaciones a los derechos humanos.
Las acusaciones del MAB dicen que GDF Suez tiene uno de los peores tratos hacia su personal, empleados y trabajadores, en una empresa donde se prohibieron los sindicatos y se criminalizaron las organizaciones sociales. Acusan, además, que los trabajadores viven bajo un régimen casi castrense, con ex militares haciéndose cargo de la construcción. Por otro lado, muchos trabajadores han terminado enfermos por las insalubres condiciones laborales donde se deben desempeñar.
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La central hidroeléctrica Jirau, que se está construyendo en el estado brasilero de Rondonia, es parte del plan energético de la presidenta Dilma Rouseff. La inversión es de 6mil millones de dólares y tendrá una capacidad de generación eléctrica de 3450 MW. Se construye sobre el río Madeira, muy cerca de la frontera con Bolivia. Se considera una pieza clave para hacer frente a la creciente demanda de energía de Brasil.
En estos momentos miles de empleados de la empresa se encuentran en huelga y los ejecutivos no saben cuándo se reanudará la construcción, que pensaba terminarse en 2012, pero que, al parecer, tendrá que reprogramarse. En todo caso, el MAB culpa a la multinacional, asegurando que “La revuelta de los trabajadores es un reflejo del autoritarismo y la avaricia de la acumulación de riqueza mediante la explotación del medio ambiente y de los obreros”.