Desde que en 1964 la empresa Texaco (que fue años más tarde comprada por Chevron) comenzó a realizar faenas petroleras en la amazonia ecuatoriana, miles de personas han acusado a la multinacional de cometer verdaderos crímenes ambientales. Después de 18 años de litigios, una corte ecuatoriana le ordenó el pago de 8mil millones de dólares para reparar los daños en el medio ambiente.
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Desde su llegada y hasta principios de los ’90, la empresa neoyorkina construyó en el norte del país 22 estaciones petroleras, perforó 339 pozos y operó 15 campos petroleros. Con más de un millón y medio de hectáreas para su libre explotación, la compañía decidió no utilizar métodos “limpios” para la extracción, maximizando las ganancias y vertiendo los desechos tóxicos en piscinas no permeables, pero también en ríos y esteros.
La contaminación afecta aún hoy a más de 30mil personas de la provincia de Sucumbío, especialmente a las comunidades indígenas Siona, Secoya, Cofán, Huaorani y Kichwa. Al retirarse del país, Texaco dejó 627 piscinas con desechos tóxicos abandonadas y sin protección, contaminando el aire y las aguas subterráneas. En esos 26 años, se derramaron 16,8 millones de galones de petróleo, 18mil millones de galones de aguas tóxicas y se quemaron 235mil millones de pies cúbicos de gas al aire libre.
Fue en el año ’93 que un grupo de afectados fue hasta Nueva York a presentar una demanda contra Texaco. La presentaron en una corte federal acusándola de contaminar el medio ambiente y afectado directamente la salud de 30.000 personas, por la utilización de tecnología obsoleta y barata.
Nueve años después, la corte estadounidense resolvió enviar el caso a Ecuador, ordenándole a Chevron-Texaco (ya había sucedido la “unión”) no alegar prescripción y obligándola a someterse a la legislación ecuatoriana. Esta decisión de la justicia norteamericana marcó un momento histórico: fue la primera vez que una empresa multinacional fue obligada a someterse a las leyes de un país del ‘tercer mundo’.
Durante el juicio en Ecuador, la empresa se vio envuelta en una serie de irregularidades, que involucraron a políticos, a las fuerzas armadas y a abogados nacionales y extranjeros. En 2005 se llevaría a cabo una pericia en una estación petrolera, pero la compañía presentó un “informe militar” donde se aseguraba que grupos indígenas iban a atacar la estación y raptar los representantes de Chevron. La inspección se suspendió, pero no hubo ataque alguno de parte de los indígenas. Más tarde, el Ministerio de Defensa ecuatoriano confirmó que los abogados de la compañía que presentaron el informe habían mentido y manipulado a la corte para suspender la inspección.
Pocos días antes del reciente fallo que condena a Chevron a pagar 8mil millones de dólares, la empresa había demandado a un grupo de abogados, acusándolos de “conspirar” contra ella. Además, en un tribunal internacional de La Haya se había fallado recientemente que el Ecuador no podría cobrar ninguna indemnización a la empresa, que aseguró que la condena ecuatoriana carece de legitimidad. Advirtió también que procurarán que aquellos que crearon este fraude, responderán ante la justicia.
Con todo, los demandantes habían pedido que la empresa entregara 27mil millones de dólares, pero sólo se le condenó a pagar 8mil millones, suma inferior si se piensa que este desastre fue unas 10 veces mayor que la contaminación con petróleo en el golfo de México del año pasado.