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Acueducto Independencia aún opera irregularmente después de dos años

Los defensores Yaqui han sido criminalizados por reclamar su derecho al agua que corre en su territorio. Sin recibir información de ninguna clase, el acueducto sigue funcionando irregularmente.

Han pasado 2 años desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio el fallo en contra de la Autorización de Impacto Ambiental (AIA) otorgada para la construcción y operación del Acueducto Independencia en Sonora.

En ese momento también se ordenó una consulta a la Tribu Yaqui para que en caso de demostrarse daños irreparables al pueblo indígena, se suspendiera la actividad del acueducto pero nada de esto se ha realizado al día de hoy y el proyecto encargado de llevar agua a varias ciudades del estado, sigue dejando sin este recurso a la Tribu Yaqui.

Desde octubre 2013 la tribu solicitó a la Semarnat información completa sobre el proyecto que no ha entregado pero en 2014 dos miembros de ella fueron encarcelados y acusados por delitos que no cometieron. Afortunadamente después de reconocer las irregularidades cometidas en el proceso penal fueron puestos en libertad.

Los representantes de la Tribu Yaqui han sido amenazados, hostigados y criminalizados desde entonces por defender su derecho a tener agua. Mientras tanto, el acueducto independencia sigue operando a pesar de los reclamos y privando a la tribu del agua que corre en sus propias tierras.

El proyecto se presentó en 2010 sin consultar a la tribu o darle informes, además viola el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Las obras causan daños severos a la población Yaqui y ha sido reconocido por el INAH.

Un grupo de ciudadanos ha suscrito un comunicado en que se exige que la Semarnat y sus dependencias suspenda la operación del Acueducto Independencia y que se entregue la información solicitada por la Tribu de manera que puedan tomar sus propias decisiones.

También se espera que paren de criminalizar a los defensores Yaqui así como hacer justicia respecto a los procesos penales que aún siguen los miembros de la Tribu que fueron enviados injustamente a prisión.

Una vez más en México, las autoridades sonorenses que deberían defender los derechos de los ciudadanos y el medio ambiente se ponen en su contra. El daño que recibirá el pueblo Yaqui es irreparable pero no parece que a nuestro gobierno le importe tanto como mantener en operación una obra ilegal.

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