Como dos brazos de un mismo río. Así ha sido el desenlace del llamado “Caso Caimanes” que se desató con el fallo de este lunes, en el que la justicia ordenó a Minera Los Pelambres derribar o demoler el tranque El Mauro, luego que la investigación demostrara que éste era el causante de la falta de agua que aquejaba a las localidades vecinas de Caimanes y Salamanca, en la región de Coquimbo.
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En los pocos días que han transcurrido cada pueblo ha optado por soluciones distintas al conflicto. Tanto Salamanca como Caimanes dependen del estero Pupío (brazo del río Choapa) que redujo su caudal luego de la instalación del tranque de relave.
Mientras Caimanes se ha movilizado en la región y en Santiago para manifestar su alegría por el triunfo de una lucha que resistieron durante cuatro años en contra de la minera perteneciente a Antofagasta Minerals, del grupo Luksic; 48 horas después del juicio, las autoridades de Salamanca han llegado a un acuerdo público-privado con la compañía.
El acuerdo de Salamanca
Los Pelambres se compromete a construir la planta desalinizadora que los vecinos exigían y que los llevó a cortar caminos los últimos 15 días. Según establece el acuerdo, una comisión de trabajo integrada por actores sociales y productivos de la zona definirá el uso del agua generada por la planta.
Asimismo, la minera asegura que ante la eventualidad de una expansión de su proyecto minero, utilizará agua de mar y que suministrará de agua potable a la población.
Dentro de las ocho propuestas del concenso, destaca que Minera Los Pelambres financie en el plazo de un año un estudio de ingeniería del embalse de cabecera, y que implemente un Fondo Rotatorio para financiar obras de revestimientos de canales y construcción de acumuladores intraprediales en beneficio de los agricultores del valle del Choapa.
La conciencia de Caimanes
Respecto a Caimanes, el presidente ejecutivo de Minera Los Pelambres, Diego Hernández, señaló a Soy Chile que se resisten a derribar el tranque El Mauro, y que adoptarán todas las medidas legales disponibles para demostrar que el plan de obras propuesto es suficiente para garantizar que el agua del estero Pupío llegue hasta la localidad de Caimanes.
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En tanto la comunidad presiona a la compañía para que concrete el fallo dictado por la justicia y exige a la presidenta Michelle Bachelet que pida la renuncia del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, a quien responsabilizan de la violencia durante las manifestaciones en Caimanes.
La denuncia ha llegado incluso al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el que inició una misión de observación en la región de Coquimbo, con el fin de establecer un estado de situación de las problemáticas que afectan a la comunidad.
