En un principio, la legislación sanitaria europea que ordena a las plantas de explotación ganadera retirar y destruir los cadáveres de animales buscaba generar un beneficio a la población evitando las consecuencias del brote de encefalopatía espongiforme bovina (enfermedad de las vacas locas).
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Sin embargo, un nuevo estudio encargado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España y realizado por la Universidad Miguel Hernández (UMH) con colaboración de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), la Complutense de Madrid, la de Lleida y la Estación Biológica de Doñana; defiende su título: “La suplantación de los servicios ecosistémicos proporcionados por los carroñeros aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero“, demostrando científicamente los efectos negativos de la alteración de esta cadena alimenticia.
Según el estudio, además del aumento de las emisiones de CO2 (a 77.344 toneladas anuales) la ley significó un descenso en la disponibilidad de alimentos para las especies carroñeras, especialmente para los buitres en España, donde habita el 95% de los ejemplares de estas especies en Europa.
Los investigadores han descrito cómo la suplantación de un servicio ecosistémico natural significa, además de diversas implicaciones para la conservación de estos animales en España, importantes e innecesarios costes ambientales y económicos, considerando que España es el país europeo que más tiene que pagar para cumplir el protocolo de Kyoto.
Con este estudio, los científicos instan a las autoridades a preferir la eliminación de los cadáveres de ganado de manera natural, con el fin de conservar la biodiversidad. Los carroñeros benefician a los humanos a través del control de enfermedades y ayudan de forma indirecta a reducir los niveles de CO2 emitidos a la atmósfera.