Hace unos meses, el Gobierno de Chile incorporó la consulta indígena para el momento de tomar decisiones mineras o energéticas que afectaran a las comunidades. Sin embargo, no todos están felices, ya que los grandes empresarios de estos rubros argumentan que la consulta tendría un efecto negativo.
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El problema se dio con el anuncio de trasladar el mecanismo de consulta indígena para proyectos de inversión desde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) al Ministerio de Desarrollo Social (MDS). El gerente general de la Asociación de Generadoras, René Muga, explicó que la consulta indígena exige capacidad de coordinar distintos estamentos de gobierno, comunidades y privados. Por lo tanto, quien lo asuma debe tener un rol de facilitador y garante, y no de parte.
“El MDS está encargado de administrar las políticas sociales del gobierno, lo que no tiene una relación muy directa con los procesos de consulta asociados a proyectos y, más bien, tendería a complicarlos”, dijo Muga.
Según otros empresarios mineros, la consulta provocaría un entrampamiento de proyectos de inversión de diversos rubros y de iniciativas regulatorias, lo que sería grave para todo el país, incluyendo a los propios pueblos. Por su parte, el gerente de Medio Ambiente de Sonami, Carlos Gajardo, señaló que el trabajar los temas de forma separada le parecía correcto.
Al parecer, los intereses de los empresarios siempre chocarán con los que realmente defienden y aman la Madre Tierra.
