Hace 2 meses el río Sonora fue contaminado por el derrame de 40 millones de litros de ácido sulfúrico con metales pesados, procedentes de la mina Buena Vista del Cobre, propiedad de Grupo México. Mucho se ha dicho, y se ha prometido, sin embargo, la crisis para los habitantes cercanos continúa y parece no se resolverá pronto.
PUBLICIDAD
Ayer por la mañana, en medio de la desesperación, habitantes del municipio de Ures se unieron en protesta y bloquearon la carretera federal No. 14, para ejercer presión y ser escuchados. Su petición fue muy sencilla: agilizar la perforación de nuevos pozos de agua y la entrega de apoyos económicos a aquellos que más lo necesitan, como amas de casa y pequeños productores.
Ya estamos hartos de acarrear al agua, nos duele el lomo de cargar baldes y garrafones, nuestros hijos están llenos de ronchas por el cloro en el agua, ya no queremos promesas sino que resuelvan el abastecimiento a dos o tres años”, afirmó Milagros Barrón, residente de la comunidad de San Pedro.
Ures es tan sólo uno de los 7 municipios afectados por el que ahora se considera el mayor desastre ecológico en la historia de la minería nacional. En total son 25 mil habitantes afectados, sin agua potable, sin alimentos limpios, ni alguna compensación.
Amalia Escobar, de El Universal, cuenta la situación precaria que se vive en comunidades rurales de Ures, Aconchi y Baviácora, desde el derrame. De apoyos no saben mucho — el Gobierno federal sólo les entregó una despensa —, después… ni agua. Sólo para ciertas personas, militantes del PRI, dicen. Lo mismo con los pagos del Fideicodismo Río Sonora.
Los apoyos del fideicomiso instituido por Grupo México se entregaron primero a los ricos, los ganaderos, agricultores y nosotros qué, cuándo bajarán los recursos para las madres de familia y los abuelos que son quienes más padecemos la escasees de agua y dinero en los hogares”, agregó la afligida ama de casa frente al delegado de Segob en Sonora, Adolfo García Morales.
El agua es escasa. A falta de apoyo, los habitantes acarrean el preciado líquido con cubetas y todos participan, hasta adultos mayores y discapacitados. Por la misma falta de agua, las actividades se han estancado. No hay trabajo, no hay dinero, no hay alimentos — el poco que queda está contaminado.
Los campesinos regalan su producción, y la gente se la está comiendo a sabiendas que fueron bañados con agua contaminada, porque no tienen qué comer; “es la desesperación”, dice Roberto Quijada Enríquez, productor de pinole de La Estancia, municipio de Aconchi. “Ya estamos subsistiendo, todos estamos afectados, no sólo los que viven al margen del río. La situación es verdaderamente crítica y no es justo lo que estamos pasando”.
Mientras tanto, las autoridades han decidido que no se realizará un juicio contra Grupo México al no encontrar contaminación mayor en las aguas de los ríos Sonora y Bacanuchi.
Esta terrible situación queda como un ejemplo más de que, por más leyes que existan, el Gobierno y las autoridades pueden pasar por alto un juicio por considerarlo largo y cansado; optan por un “arreglo” que, según ellos, agiliza la reparación del daño. En este caso, ¿se tomarán el tiempo para realmente apoyar a las personas afectadas o seguirán apoyando a las grandes empresas que les deja dinero?