El pasado 24 de diciembre del año 2013 entró en vigencia el Decreto Supremo Nº 40 de 2012 del Ministerio del Medio Ambiente que aprobó el nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, más conocido como SEIA. Según explica el Centro de Investigación Periodística CIPER, esta modificación contiene varias anomalías que van en contra de las bases generales del Ministerio de Medio Ambiente, contenida en la Ley 10.300.
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Uno de los puntos anómalos de este nuevo instrumento que opera actualmente hace caso omiso de la letra “h” del artículo 10º que establece que tanto los proyectos industriales como inmobiliarios en zonas declaradas como latentes o saturadas deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
En este aspecto la nueva modificación establece una excepción regulatoria para los proyectos inmobiliarios, sin que ingresen al SEIA, ni siquiera en la aplicación de un Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA).
De esta forma el Decreto Supremo 40 socava los objetivos protectores de la Ley Nº 20.417 que establece el Plan de Prevención de Descontaminación Atmosférica. Es decir, el poder ejecutivo actuó en contra del mandato de la ley que establece la existencia del PPDA.
¿En qué se traduce esto?
Ninguno de los proyectos inmobiliarios en las 52 comunas que componen la Región Metropolitana deberá ser presentados al SEIA ni ser evaluados ambientalmente. Es decir, una zona saturada para ozono, material particulado respirable, partículas en suspensión, y zona latente para dióxido de nitrógeno, no tiene ningún resguardo ante este tipo de proyectos, careciendo incluso de fiscalización.
De no modificarse el reglamento vigente del gobierno anterior, muchas comunidades vecinas a proyectos inmobiliarios de alto impacto se quedarán de manos atadas ante estas grandes moles, sin saber ni siquiera las repercusiones que tendrán en su calidad de vida.
