Cambios en la legislación mexicana sobre aguas para permitir el fracking

Con el pretexto de garantizar el derecho al agua de los mexicanos, Conagua propone cambios a la legislación mexicana en la materia para permitir el uso indiscriminado de agua que el fracking requiere.

Todo gran cambio constitucional conlleva reformas a otras leyes y reglamentos, con la finalidad de armonizar el orden jurídico. En los últimos años, la Constitución mexicana ha sido reformada para incluir un mayor reconocimiento a derechos, como el derecho al agua, incorporado en febrero de 2012. Pero también ha sufrido cambios controversiales, como la conocida reforma energética en diciembre del año pasado.

Es en este contexto que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), organismo del Poder Ejecutivo de México,  ha propuesto cambios en la legislación sobre aguas para favorecer la explotación de gas de lutitas, también conocido como gas shale, de acuerdo a investigadores y al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados.

Con el pretexto de darle cumplimiento a la obligación de regular el derecho humano al agua, Conagua envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar la Ley de Aguas Nacionales, con la finalidad de que los cambios sean aprobados antes del Día Mundial del Agua, es decir, del 22 de marzo.

La iniciativa aún no es pública, pero de acuerdo con Miguel Ángel Montoya, asesor del grupo parlamentario del PRD, se propone seguir con el esquema actual de regulación del recurso hídrico, que se ha caracterizado por la sobreexplotación de al menos 130 acuíferos, el uso intensivo del recurso,  la concentración de derechos de agua para favorecer a empresas inmobiliarias, entre otras deficiencias.

Lo que se requiere es un cambio profundo al sistema de administración y gestión del agua para hacer efectivo el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, señaló el asesor parlamentario.

Elena Burns, del Centro para la Sustentabilidad Centli de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó que el acceso al agua por parte de los mexicanos está limitado por “el interés social, orden público y seguridad nacional”.

Hay que recordar que de acuerdo al artículo octavo transitorio de la reforma energética,  “las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos… se consideran de interés social y orden públicos, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos”. Por lo que el fracking tendría preferencia sobre el disfrute del agua.

Además en las modificaciones propuestas a la Ley de Aguas Nacionales, se dedica un apartado específico a la explotación del gas shale. Esto provocará el uso indiscriminado de millones de metros cúbicos de agua potable, que se mezclarían con los químicos utilizados para fracturar las rocas a profundidad y obtener el gas. Esa agua contaminada no podría ser reutilizada ni podría ser manejarse de forma ecológica.

Otros cambios que se prevén son el establecimiento del sistema financiero del agua, para recibir ingresos por el suministro del agua como una prestación convenida, así como el nombramiento de un director general de Conagua que duré en dicho cargo en un período diferente al presidencial, iniciando en febrero de 2015.

La forma en que se busca garantizar el derecho humano al agua es mediante el establecimiento de un “Consejo General para el Derecho Humano al Agua”, conformado por 12 funcionarios del gobierno federal, 3 de gobiernos estatales y 3 municipales, así como un representante de la Asociación Nacional de Empresas del Agua y Saneamiento, y uno de la Confederación de Cámaras Industriales.

De esta forma no sólo se está ignorando a los usuarios del recurso, así como a otros sectores que deberían participar en la toma de decisiones, sino que también se está dando un paso hacia la privatización de la gestión y administración de las aguas, y de los servicios de saneamiento e infraestructura hidráulica.

Por lo poco que se conoce de esta iniciativa, se puede concluir que no solamente se estaría incumpliendo la obligación de garantizar el derecho al agua de los mexicanos, sino que se pondría en riesgo al medio ambiente y a otros derechos.

 

Fuente: Buscan favorecer explotación de gas shale con cambios a la legislación sobre el agua  (La Jornada)