En el estado de Guerrero, al sur de México, se encuentran 42 yacimientos mineros, listos para ser explotados. Esto es debido que en los últimos 50 años, el gobierno federal ha otorgado alrededor de 30 concesiones para la exploración y explotación minera por 50 años en el estado.
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Pero los lugares donde se permite la minería coinciden con 200 mil hectáreas de los territorios en los que habitan miembros de las comunidades indígenas Naua, Me’phaa y Na Savi. Estos pueblos de la Montaña y Costa Chica no han sido consultados para el otorgamiento de estas concesiones.
Es por ello, que la comunidad indígena Me’phaa de San Miguel El Progreso, ubicada en el municipio de Malinaltepec en la Montaña de Guerrero, interpuso en julio pasado una demanda de amparo en contra de las autoridades federales, específicamente contra la Secretaría de Economía, por los permisos para la exploración y explotación minera dentro de su territorio a favor de la empresa inglesa Hochschild Mining.
Los derechos humanos, reconocidos tanto en la Constitución mexicana como en los tratados internacionales que ha ratificado y que se consideran violados por estas concesiones son:
- El derecho colectivo a la propiedad territorial indígena.
- El derecho a la protección integral de las tierras indígenas y comunales.
- El derecho a la consulta previa, libre e informada.
- Las garantías de legalidad y seguridad jurídicas.
Debido a estas violaciones, el Juez Primero de Distrito, quien conoce sobre la demanda, dictó la suspensión de las concesiones. Es decir, ordenó que no se lleve a cabo actividad alguna de exploración o explotación minera hasta que no concluya el proceso.
Además de atacar esas concesiones, la demanda también solicita al juez que analice si la Ley Minera vigente en México es compatible con la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas y las comunidades agrarias.
En conferencia de prensa, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales San Miguel, Agapito Cantú; el comandante de la Policía del pueblo, Anastasio Basurto Contreras; Valerio Mauro, comisario municipal, y Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan anunciaron la mencionada acción jurídica y su postura respecto la minería.
Aseguraron que no están rechazando el desarrollo, sino que se están defendiendo de los megaproyectos que ponen en riesgo sus tierras y su entorno natural, en las que se construye su identidad y supervivencia como pueblos indígenas.
También anunciaron que ellos ya rechazaron cualquier actividad de exploración y explotación minera en sus territorios, desde el 17 de abril de 2011 en una Asamblea General de Comuneros, que se llevó a cabo con todas las formalidades que exige la Ley Agraria.
Fuente: Demanda comunidad indígena de Guerrero al Ejecutivo Federal por entrega de concesiones mineras en su territorio (Cencos)