Desde el 12 de julio que 10 manifestantes brasileños se plantaron frente de las excavadoras para proteger una docena de árboles del Parque ecológico del río Cocó, alegando en contra del proyecto de construcción de un viaducto que dañará el ecosistema del lugar, e impidiendo que comenzara la obra. A ellos se le unieron unos 200 ciudadanos más, que acamparon en el lugar por varios días.
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Sin embargo, el 8 de agosto, el movimiento Ocupación de Cocó fue desalojado por la guardia civil, quienes usaron gas lacrimógeno y balas de goma. Un actuar desmesurado, según los manifestantes, quienes no abandonaron el lugar y siguieron en la lucha por los derechos del Parque.
“La justificación de daños al medio ambiente no es suficiente para interrumpir el proyecto”, dijo el juez federal Edilson Pereira Nobre Júnior, quien aprobó el proyecto.
En septiembre, un colectivo de entidades sociales y ambientales dio entrada a un pedido urgente para que la Organización de Estados Americanos (OEA) investigue las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno Municipal de Fortaleza y el Gobierno del Estado contra los manifestantes que ocupan el Parque de Cocó, en Fortaleza.
Hoy, cientos de brasileños están en contra de la construcción del viaducto. Muchos están apostados en el mismo parque para protegerlo, y otros se manifiestan en las redes sociales. Aún así, el gobierno sigue con el proyecto de su construcción. Al parecer, nuevamente un parque natural deberá sufrir por el “mejoramiento de la sociedad”.