Si alguna vez ha visitado la ciudad de Constitución, al sur de la región del Maule, sabrá cómo se siente el olor de la celulosa instalada en medio de la zona urbana, a escasos metros de colegios y servicios. También en algunos sectores de Santiago, en las cercanías de industrias de cecinas, se puede sentir un olor putrefacto emanando de las instalaciones. Ese problema lo solucionaron en Andalucía, España, aprobando un decreto que regula la emanación de olores molestos.
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La nueva normativa, además, se preocupa de la contaminación ambiental, proyectando dos programas, uno para reducir los niveles de material particulado en las zonas conflictivas, y otro para prevenir que éstos suban en los sectores potencialmente peligrosos. La emisión de olores será sometida a regulaciones antes de la instalación de las empresas, obligándolas a realizar estudios sobre el impacto en el entorno donde se ubican.
Para darle la aprobación a una empresa para funcionar, se supervisará directamente, es decir, se tomarán en cuenta las condiciones ambientales del entorno directo, y según ellas se le impondrán valores límites que la empresa no podrá superar.
Una ley de este tipo de muestras de una sociedad que está realmente preocupada de brindar a los ciudadanos un entorno limpio, derecho humano consagrado en la Declaración Universal. Da para recordar, por poner un ejemplo, la aprobación de la central termoeléctrica Campiche, en la zona de Ventanas de la quinta región, donde la contaminación está en un punto crítico hace décadas y aun así se instalará una termoeléctrica más. Acá en Chile, seguimos estando lejos.
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