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Eduardo Bitrán, Presidente del Consejo Nacional de Innovación para la Competividad (CNIC), dijo que en la actual regulación de organismos transgénicos en Chile existe una ambivalencia absurda y pidió crear áreas de protección para los productos orgánicos. Ya hablamos sobre los alimentos transgénicos, ahora vamos a contarles lo que sucedió en el II Seminario y Diálogo Público que trató sobre Cultivos Transgénicos en Chile: Consensos y desafíos para un marco regulatorio.
Bitrán criticó la situación de los cultivos que han sido modificados genéticamente en nuestro país, principalmente porque exportamos semillas modificadas que después vuelven a Chile como productos procesados sin regulación, porque al productor nacional no se le permite comercializar estas semillas en el país. “Aquí hay una antiprotección para el productor nacional. Pongámonos de acuerdo, o nos gusta o no nos gusta, pero no tengamos una ambivalencia tan absurda”, dijo.
Para él es necesario controlar aspectos ambientales y la interacción entre especies nativas y exóticas. “Hay que crear áreas para los productores orgánicos en los cuales se reduzcan las posibilidades de esta externalidad negativa. Un tema netamente económico y no ideológico donde las decisiones deberían ser si existen áreas o no, donde se van generar restricciones adicionales”, agregó. Lo que se necesitan son reglas claras, sobre todo por el desarrollo de Chile como potencia alimentaria, pero hoy no lo están.
Regulación en otros países
Para poder determinar una regulación sobre cultivos modificados en Chile, es necesario mirar al resto del mundo. En Nueva Zelanda la legislación tiene dos principios básicos: protección medioambiental y asegurar la salud y seguridad de la comunidad. En ese país no tienen una ley que exija determinar los riesgos ni los beneficios que generan los alimentos transgénicos.
En la Unión Europea cualquier cosa que sea modificada o producida a través de transgenia, debe estar regulado y pasar los procedimientos que se han establecido para este tipo de alimentos. Evalúan el riesgo caso a caso: determinan las diferencias y ven si éstas tienen efectos adversos. Además el etiquetado es obligatorio.
México estableció una ley que permite experimentar en el país e introducir alimentos modificados de otros países privilegiando el cuidado de la salud humana, animal y acuícola además del medioambiente.