La productora STORYLAB, de Nacho Viale, denunciará penalmente a las personas que en la tarde del miércoles trataron de ingresar en la vivienda de Mirtha Legrand con el fin de realizar una «inspección sindical» sin ninguna orden judicial.
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Para ello, mandaron un comunicado, donde anunciaron que La denuncia será por “la posible comisión de los delitos de hostigamiento, extorsión y amenazas” contra la diva.
«Resulta del caso aclarar que el domicilio de una persona es inviolable, siendo un derecho reconocido por la Constitución Nacional, por lo que el intento de acceder al mismo, y pretender requisarlo sin orden judicial ni derecho alguno, constituye un grave delito que será denunciado», dice la empresa a través de un comunicado enviado a los medios.
Quienes intentaron hacer entrar en casa de Mirtha fueron representantes del Sindicato de Choferes Particulares, adheridos al gremio de Camioneros.
Este hecho fue informado por la Policía de la Ciudad, el secretario general y su delegado, junto con un escribano, «pretendían la autorización para ingresar al domicilio y realizar la inspección sindical por condiciones de trabajo, debido a que un chofer no se encuentran inscripto y no hacen aportes a la entidad sindical».
No obstante, desde la productora, niegan cualquier irregularidad del chofer referido, y manifiestan que la empresa «pertenece al sector audiovisual y por ende su actividad se encuentra comprendida dentro del Convenio Colectivo correspondiente al SATSAID, y todos sus empleados se encuentran trabajando bajo las categorías que el convenio colectivo correspondiente determina, cumpliendo a la fecha con sus obligaciones laborales, previsionales e impositivas de forma correcta».
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Asimismo, expusieron que «sin perjuicio de lo expuesto, además cabe mencionar que el Sindicato de Choferes Particulares no existía a la fecha de su contratación».
Por último, el comunicado concluye que con que «por lo expuesto, la Sra. Mirtha Legrand ha dado instrucciones a su letrada apoderada, Dra. Mariana Gallego a fin de promover denuncia penal contra las personas relacionadas en los hechos, ante la posible comisión de los delitos de hostigamiento, extorsión y amenazas».
