La influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, fue trasladada desde la Cárcel El Buen Pastor hasta la Escuela de Carabineros de Bogotá, luego de una solicitud presentada por su abogado defensor. La joven cumple una condena de cinco años y dos meses de prisión por los daños ocasionados a una estación de TransMilenio durante las manifestaciones de 2019.
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El abogado de la empresaria, Francisco Bernate, explicó que la decisión no provino de un juez, sino del Ministerio de Justicia y el Inpec, tras una investigación interna que determinó que la interna enfrentaba riesgos de seguridad y dificultades para acceder a la atención médica requerida. Con base en este informe, el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección de Centros de Reclusión Militar, autorizó un cupo en la Escuela de Carabineros.
Traslado de Epa Colombia obedece a razones de seguridad, afirma MinJusticia
En diálogo con Blu Radio, el ministro de Justicia Eduardo Montealegre aclaró que el traslado obedeció estrictamente a motivos de seguridad. “Los abogados de Epa Colombia desde hace varias semanas habían hecho solicitudes al gobierno nacional para un cambio de reclusión… alegan amenazas contra su vida y su integridad”, señaló el funcionario.
El ministro recalcó que no se trató de un privilegio ni de discriminación, desmintiendo así las críticas que aludían a un supuesto “trato preferencial” o incluso a un caso de “machismo judicial”. Sobre este último concepto, se refiere a una forma de violencia que puede expresarse a través de comentarios despectivos, menosprecio o falta de respeto dentro del sistema judicial. “Aquí la razón fundamental es la seguridad. Estos traslados son frecuentes cuando hay riesgo inminente y no son exclusivos de figuras públicas”, puntualizó el ministro.
El jefe de la cartera de Justicia aprovechó para hacer un llamado de atención sobre las deficiencias estructurales del sistema penitenciario colombiano, subrayando que actualmente existen cerca de 20.000 personas privadas de la libertad en estaciones de policía, debido a la sobrepoblación carcelaria.
Montealegre también cuestionó la política criminal vigente y el denominado “populismo punitivo”, que en su concepto han derivado en penas desproporcionadas. En el caso de Epa Colombia, afirmó que la condena impuesta es “supremamente alta y no se corresponde con la gravedad de los hechos”, lo que refleja un sistema orientado a sanciones excesivas más que a procesos de resocialización.
De esta manera, el gobierno busca dejar claro que la medida no constituye un beneficio especial, sino una acción preventiva para garantizar la integridad de la influenciadora en medio de un sistema carcelario altamente cuestionado.