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Una victoria en el Día Mundial sin Bolsas Plásticas alcanzaron los movimientos ecologistas y el Gobierno de Chile tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional de ese país, que ratifica una ley promulgada por el presidente Sebastián Piñera que prohíbe su uso en todo el territorio nacional.
Así se pone fin a la querella interpuesta por la Asociación de Industrias del Plástico (Asipla), que solicitaba la suspensión de la nueva normal por considerar que “vulnera abiertamente los derechos constitucionales a desarrollar actividades económicas lícitas”.
La decisión abre paso al Gobierno de Chile para promulgar la ley, que fue aprobada en el Congreso el pasado 1 de junio, y siendo el primer país de Latinoamérica en vetar el uso de bolsas plásticas en el comercio.
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A través de su cuenta en Twitter, la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, expresó su satisfacción: “Estamos muy conformes con la decisión del TC, era la última etapa para la promulgación de esta ley”, escribió.
Contentos que el TC haya dado luz verde a la ley que prohibe entrega de bolsas plásticas de comercio. Fue un compromiso del Presidente @sebastianpinera y ha sido una ley construida con todos los sectores políticos. #ChaoBolsasPlásticas pic.twitter.com/77GDX9MCg2
— Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) July 3, 2018
En declaraciones a medios de ese país, la funcionaria destacó que “esta ley ha sido construida por todos los chilenos, apoyada por la unanimidad de los parlamentarios, impulsada por dos gobiernos de ideas muy distintas y eso obedece a que la gente en Chile entendió el daño que las bolsas plásticas causan a nuestro medio ambiente”.
Así Cubillos reconoce la primera ley creada por el gobierno de Michelle Bachelet, en 2014, que tenía como objetivo evitar el uso de las bolsas en la Patagonia chilena. Y en 2017, la misma presidenta Bachelet extendió su aplicación a las regiones costeras.
Cifras oficiales señalan que en el país austral se usan 3.400 millones de bolsas plásticas al año, unas 200 bolsas plásticas por persona.
El nuevo marco legal da un tiempo de adaptación de los empresarios, pues otorga al gran comercio (donde caben supermercados y minoristas) un lapso de seis meses para cumplir con la veda; mientras que el comercio menor contará con un año.
