La situación a 1 año del derrame en el río Sonora

Las autoridades ambientales mexicanas y Grupo México afirman que ya han reparado las consecuencias del derrame mientras que los vecinos y afectados creen lo contrario.

De acuerdo con las investigaciones del gobierno federal, el derrame provocado por la minera de Grupo México “Buenavista del Cobre” en el Río Sonora es el incidente más grave de la industria en los últimos años. Un año después del desastre, hay muchas preguntas sin resolver y versiones diferentes del seguimiento a los trabajo de remediación y atención a los afectados.

En una rueda de prensa, los vecinos y productores de los Comités de Cuenca del Río Sonora señalaron que no han recibido atención médica ni se han realizado las actividades de remediación que prometieron las autoridades y la empresa. Para estos fines se creó el Fideicomiso Río Sonora con una aportación de $2,000 millones de pesos.

De acuerdo con los afectados, el gobierno ha hecho caso omiso a sus necesidades mientras que Grupo México publica en los medios que el problema ya está resuelto y que el río está en buenas condiciones. Un comunicado de la Semarnat afirma que el presupuesto era de $1.204 millones de pesos para el resarcimiento de la población afectada.

De esa cantidad se dio apoyo económico a la población, se rehabilitaron pozos y se instalaron nuevamente los tinacos afectados, se dio atención médica al 100% de los afectados. Sin embargo, las demandas de los pobladores van más allá, necesitan reactvar la actividad agropecuaria que prometió Sagarpa así como un plan de manejo de residuos para la minera Buenavista del Cobre.

El derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado no fue un accidente sino una consecuencia de las malas prácticas y regulaciones de seguridad. Los afectados siguen sin saber el grado de contaminación que existe en sus tierras y el agua de sus pozos. Del fideicomiso se otorgaron $10.000 pesos por hectárea, cantidad que los vecinos consideran insuficiente y además reclaman que los recursos no han sido empleados con transparencia.

Respecto al agua, las autoridades informan que se han tomado muestras de agua de manera regular para asegurar su calidad además de entregar pipas de agua con valor de casi 60 millones de pesos. A pesar de todos los esfuerzos realizados, no existe coherencia entre lo que las autoridades informan y lo que los afectados perciben.

Lo que sí es un hecho es que este tipo de tragedias es mejor ser más estrictos para evitarlas porque la remediación es una tarea que nuestras autoridades no son capaces de garantizar.