Decisión de la Corte sobre Acueducto Independencia golpea a tribu Yaqui

La decisión se tomó aún cuando la misma Corte anuló la autorización de impacto ambiental; aún quedan 2 amparos y 3 controversias por resolver.

La tribu Yaqui se mantiene en pie a pesar del golpe que acaba de recibir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El pasado miércoles 21 de enero el máximo Tribunal determinó que —sin entrar a mayores detalles y por “encimita”— los títulos de concesión para la explotación del río Sonora son legales, razón por la cual el Acueducto Independencia podrá operar.

Esta decisión pasa por alto varios detalles legales, entre amparos y controversias, siendo lo más grave la validez de un proyecto sin contar con la autorización de Impacto Ambiental correspondiente, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Algo que, se supone, no ocurre en el país.

Con respecto a esta decisión de la Corte, el vocero de la tribu Yaqui Tomás Rojo comentó en entrevista con Carmen Aristegui que…

El acueducto para nosotros sigue siendo ilegal, puesto que —yo creo— cualquier obra aquí en México y principalmente en algunos países donde existan los derechos ambientales, debe tener una autorización; esta obra opera sin autorización dentro del manifiesto de impacto ambiental. Y eso lo decimos porque el juicio no ha acabado.

Efectivamente es una contradicción de cierta manera reconocer que los derechos del agua son legales por parte del gobierno del Estado. Pero esos derechos del agua no se deberían haber otorgado si hubiera un estudio  (para saber) que es lo que impacta cuenca abajo, esa agua. Entonces debería haber tenido una autorización de impacto ambiental antes porque el problema aquí, y jurídicamente se dice, pues la litis sigue siendo el agua.

Efectivamente. Desde su construcción en 2011, cuando Semarnat autorizó su construcción, el problema ha sido el agua y los derechos humanos. El año pasado la misma Corte anuló la autorización de impacto ambiental de la Cuenca Independencia, hasta realizar una consulta al pueblo indígena misma que se realizó ante irregularidades.

En el mismo espacio radiofónico Andrea Cerami, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señaló que la Corte no ha resulto completamente; aún existen dos amparos y tres controversias, además los ministros no han entrado al fondo del asunto que es, sin duda, un tema de derechos humanos.

Yo creo que con este tipo de juicios lo único que se logra es golpear a los pueblos indígenas, golpear a producción de alimentos y deja la percepción de que el estado de derecho aquí en México no se respeta. Cuando no se respeta los estados de derecho y principalmente los derechos humanos —que para los pueblos indígenas fueron consagrados hace dos años— pues lo único que nos genera es una crisis humanitaria. Y esa crisis humanitaria lo único que genera es inconformidad social y por eso podemos ver un sinnúmero de manifestaciones, principalmente de los pueblos indígenas, de los más pobres de México. Finaliza Tomás Rojo

Así continúa el caso sobre el Acueducto Independencia, como un ejemplo más de la falta de seriedad y cumplimiento de la ley por parte de ministros, gobernantes y autoridades, donde los más afectados son los pueblos indígenas. ¿Dónde queda la acción de la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)?, ¿llegarán cuando sea demasiado tarde?