Cuidemos Nuestra Agua y Evitemos un Genocidio Económico

Un profundo análisis con visión de Estado respecto a la crisis del agua en Chile, del candidato presidencial Afredo Sfeir, en exclusiva para Veoverde.

Quisiera comenzar compartiendo una serie de preocupaciones sobre el agua dentro de su contexto global:

a) En el planeta hay más de 1000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable;

b) Cerca de 3000 millones de personas no tienen acceso a saneamiento y de estos, 1 billón de niños vive sin un saneamiento básico -un niño muere cada 20 segundos como resultado de esta falta de saneamiento-;

c) Una de cada cuatro personas menores de 5 años muere de enfermedades que se transmiten a través del agua -1.5 millones de niños mueren de diarrea al año-;

d) Dos tercios de las personas que no tienen acceso al agua limpia ganan menos de 500 pesos chilenos al día, lo que indica una convergencia entre la falta de agua y la pobreza; y

e) Debemos saber que para producir el equivalente de una caloría alimenticia se necesita al menos de un litro de agua!

En Chile, estos recursos se contaminan por las aguas servidas, residuos industriales y mineros (terrestres, líquidos, sin previos tratamientos, descargas de tipo agrícola y forestal…), constituyendo una gran amenaza a nuestra salud y bienestar.

Ya se siente que el valor del agua es mucho mayor que el del petróleo. La próxima gran crisis mundial será la crisis del agua. Lo paradojal de esta crisis en nuestro país es que se menciona que Chile posee la segunda reserva de agua dulce más grande del mundo.  De allí la importancia capital de tener una política de agua eficaz a todo nivel.  El agua es un recurso natural escaso del cual depende toda nuestra competitividad económica y social.  Tanto la minería como la industria y agricultura dependen del agua.  Pero más importante aún es la dependencia que tienen nuestras familias, barrios y ciudades del agua.

La solución sustentable a esta crisis de agua va mucho más allá de un debate economicista o legal del agua.  Con esto no quiero decir que los aspectos económicos y legales del agua no sean importantes.

La crisis que hoy vemos en Chile podría haber sido evitada si tuviésemos una verdadera política nacional de aguas con la participación de todos los sectores de actividad económica y social.   Una política clara dentro de un consenso ciudadano donde todos compartamos cómo queremos asignar estos recursos acuíferos a través del espacio y del tiempo.

No podemos decir que el único factor responsable de nuestra crisis de agua es el cambio climático.  Al usar el término “cambio climático” estamos diciendo simplemente que “nadie es responsable”.  Pensar que “la naturaleza” es a quien tenemos que culpar sería, en mi opinión, irresponsable.  Esta postura no posee ni la sabiduría que necesitamos para resolver este gran desafío ni representa un mensaje operacional  para atacar un problema que va a agudizarse cada vez más.  Se siente una falta de compromiso político con el futuro de nuestro país.  Confrontar y resolver esta crisis demanda un cambio profundo:

  • De mentalidad económica y social: naturaleza del recurso, asignación en usos alternativos, asignación de su valor y uso actual del agua.
  • De gobernancia institucional y organizacional: Derechos de propiedad y administración.
  • De estilos de vida: Ahorro y no desperdicio de agua.

En su última expresión, resolver esta crisis demanda un aumento significativo de nuestra conciencia individual y colectiva.  Pero, ¿estamos dispuestos a cambiar?

La mayoría de los problemas que observamos tienen su raíz en la propiedad y la soberanía económica y de sustentabilidad del agua.  En este campo hay dos elementos fundamentales a considerar: (a) el agua es de todos los chilenos y (b) el agua es un bien público, es decir, un recurso natural público.  Estos dos son las causas mayores de esta crisis.

El primero demanda de un cambio constitucional de fundamental importancia ya que por ahora se dice que el agua es del Estado.  Hay que hacer una reforma constitucional para que el agua y todos nuestros recursos naturales sean de todos los chilenos.  No hay duda que el agua puede ser administrada por el Estado u otro agente económico, pero en representación de la ciudadanía.  El agua nos pertenece y debemos tener el poder ante la ley y las costumbres para exigir y demandar al Estado, si fuese necesario, por falta de una buena administración.   Hoy, somos espectadores y eso tiene que cambiar.

El segundo demanda entender al agua como bien público; pero sabemos que el Estado ha privatizado el agua y esto tiene que ser evaluado y cuestionado detalladamente.  En mi opinión, el agua debería estar en manos del Estado y ella NO debe ser definida y administrada como un bien privado.   Este retorno al agua como un bien público hará la diferencia a millones de chilenos afectados por una deficiente administración y unos elevados costos de acceso a un bien que les pertenece.  Y en esto, no solamente incluyo a los particulares sino también a las empresas y entidades que hacen uso del agua.  El agua es un bien público que debe tener una gobernancia de bien público, donde quiera que ella sea asignada, usada o administrada.

El agua es un bien escaso y por tanto tiene un valor.  ¿Cómo definimos ese valor?   ¿Qué objetivos están detrás de esa definición de valor?  No debemos tomar decisiones basadas solamente en la ley de la oferta y la demanda, sino en algo más esencial como es el ámbito de lo humano, social y medioambiental.  Ese valor debe ser reconocido a través de una estructura tarifaria y otras formas que pueden estar dentro o fuera de los mecanismos del mercado.   Como un bien público escaso, el agua debe ser valorada, y dentro de esta valoración hay que tener en cuenta las dimensiones de equidad y sustentabilidad.   En este sentido es importante decir que:

  • No es posible que la industria utilice y contamine el agua sin pagar el verdadero valor de esta agua.
  • No es aceptable que proporcionalmente una familia pobre pague más por litro de agua consumido que una empresa.

Esto debe cambiar.  El gobierno tiene la obligación de mostrarle al país como los diferentes actores pagan por el valor de esta agua y los costos más relevantes:

El Costo Medioambiental:  Hay que pagar por el costo de la descontaminación del agua.  En este caso parece esencial que usemos el principio sustentable de “el que contamina paga”.  Esta debería ser nuestra filosofía, y no hacer pagar el costo de descontaminación a los que no la contaminaron.

El Costo Social:  La contaminación del agua es fuente de grandes inequidades e injusticias, y responsable de docenas de enfermedades que aquejan fundamentalmente a las familias pobres.  No puede ser que este bien público escaso y que es de todos nosotros esté siendo administrado y valorado como un bien privado, maximizando el lucro de un grupo económico.  El problema y la solución pasan por un gran aumento de nuestra conciencia colectiva en relación al compromiso que tenemos con un desarrollo sustentable.

El Costo de Integración.  En particular, el problema del agua que nace de cualquier cuenca hidrográfica no se debe tan sólo a las lluvias tropicales frutos del cambio climático sino a la forma como tratamos a nuestras montañas, incluyendo la sobre-explotación de los bosques, la falta de reforestación y protección de las cuencas hidrográficas, la urbanización no planificada, etc.  La respuesta no está afuera sino adentro de nosotros mismos: responsabilidad, compromiso, solidaridad, cooperación, sustentabilidad, interdependencia, justicia…

El Estado es responsable de esto.  El Estado es el que decide, licita y asigna los derechos de agua.  En este contexto, las compañías siempre irán a la conquista del lucro y no de la sustentabilidad; esa es aparentemente su comportamiento y naturaleza.  Las actividades económicas en general y las empresas de agua potable en particular no solamente deben tener acceso al agua, sino ser responsables de todas las partes altas de la cuenca en donde esta agua nace en asociación con los dueños de esas tierras y el Estado.  Si hubiese una densidad adecuada de árboles, arbustos, pastos y otros agentes naturales, es evidente que el deslave sería muchísimo menor.

Tecnología.  Chile debería tener una organización nacional que siga y persiga los adelantos tecnológicos que aumentan la eficacia, eficiencia y equidad en el manejo de nuestros bienes públicos.

Nuestras Montañas.  Deberíamos crear un programa nacional para el manejo y uso de nuestras montañas y cordilleras, que incluya a todos los ministerios, y proteger lo que es verdaderamente nuestro.  Nuestras montañas son una riqueza inmensa. No solamente son una fuente de agua, fertilidad de toda nuestra agricultura e industria, fuente de vida de todos los chilenos, sino también, son el hilo conductor de todas las formas de vida que existen en nuestra nación.   Por ahora vemos nuestras montañas como algo sin mucha utilidad excepto cuando descubrimos algo (minerales) y lo explotamos al máximo.

10 Elementos Para Una Ley Nacional de Agua

En el preámbulo de una ley nacional del agua debe haber una nueva definición de lo que constituye el elemento agua en nuestras vidas como chilenos.  Ella no debe ser considerada solamente un factor de la producción o algo inerte y de corte material sino debe ser reconocida como un elemento fundamental de todas las formas de vida que existen en nuestra nación.  Esta ley debe establecer claramente que se trata de algo que tiene su propia divinidad y por lo tanto que debe ser respetada y protegida.  La ley debe reconocer que todos tenemos el elemento agua.  Y, por lo tanto que la contaminación del agua exterior (ríos, mares, lagos) también significa una contaminación de nuestra agua en el cuerpo (sangre).  El preámbulo es de un carácter fundamental ya que el elemento agua condicionará nuestro bienestar material y espiritual como ciudadanos.

Algunos elementos a considerar:

Primero, un cambio constitucional en que la propiedad del agua sea de todos los chilenos.  El modelo chileno que consiste en usar al mercado y el sector privado en el sector del agua (y otros sectores representados por el bien público), con el Estado como fiscalizador, simplemente no funciona.  Los costos sociales son inmensos. 

Segundo, la administración y manejo del agua no debe ser motivado por el lucro.  Por lo tanto hay que hacer un cambio radical en el sistema de gobernancia del agua en todos los sectores.

Tercero, sabiendo que el agua es un bien público escaso, este debe tener un valor y costo de oportunidad que refleje no solamente lo financiero y económico sino también lo ecológico, humano y social.

Cuarto, el valor del agua (tarifas, derechos) debe tomar en cuenta criterios de equidad sectorial, regional, y de las personas. Esto significa que las personas naturales que son pobres no pueden pagar más por metro cubico de agua que las corporaciones.  Las tarifas deben ser progresivas.

Quinto, debe haber una conciencia total y transparente acerca de la cantidad como de la calidad del agua.  Este no es un tema solamente de cantidad de agua.

Sexto, la competitividad de las empresas debe incluir el costo de descontaminación del agua que ellos contaminan, dentro de sus cálculos, y no aparecer como un residuo de pago para otros actores que no contaminaron esa agua.

Séptimo, hay que establecer claramente que somos la ciudadanía, las familias, los que tendremos siempre prioridad frente a cualquier disputa por el agua y no las corporaciones como sucede en muchas partes de la zona norte.

Octavo, se crearán comités de agua en todo el país, en representación de todos los actores que hacen uso de este recurso.  Hay que ir mucho más allá de la agricultura y la industria.  Estos comités deben ser ayudados, financiados e institucionalmente escuchados.

Noveno, deberá haber una rama de la justicia chilena que se dedique en forma permanente a este tema del agua.  Esta forma de hacer justicia debería permitir libre acceso por parte de la ciudadanía, y debería crear las formas de justicia a nivel local para evitar conflictos y costos innecesarios.

Décimo, reconocer y utilizar toda la batería de instrumentos fisco-ambientales para permitir que el agua sea utilizada sustentablemente.

El modelo de hoy debe ser cambiado radicalmente por un modelo en que el agua es de propiedad de todos los chilenos, y los chilenos pueden usar al poder legislativo y el poder judicial cuando el Estado no esté administrando los recursos de una manera sustentable.

Es de fundamental importancia la puesta en escena de una nueva ley de aguas para todo el país.  Esta debe ser un resultado de cientos de consultas ciudadanas.  Una ley justa y equitativa, con un reconocimiento claro sobre la naturaleza y  el horizonte del acceso, uso, manejo y conservación de nuestros recursos.

Todo el debate anterior nos lleva a hacer una profunda reflexión sobre como la política fiscal podría contribuir a solucionar esta crisis del agua: inversiones públicas, asignaciones presupuestarias, ingresos fiscales (impuestos, derechos de agua), fiscalización, productividad fiscal, selección de instrumentos de intervención, etc.

En relación a los instrumentos fiscales para paliar los asuntos de agua, en la selección de aquellos que son más eficientes/eficaces no se debe ignorar a los instrumentos fisco-ambiental disponibles.  El ignorarlos disminuirá la eficiencia de todos los otros instrumentos fiscales tradicionales (impuesto a la renta, el IVA).

Ejemplos de estos instrumentos fisco-ambientales son: impuestos a la contaminación del agua (el que contamina paga), subsidios al cambio tecnológico para ahorrar agua, derechos de propiedad sobre el agua, límites de contaminación del agua, impuestos a la productividad del agua, certificación de origen de los distintos sistemas de extracción de agua, licencias que regulan el acceso al agua subterránea y a otras fuentes de agua, impuestos diferenciados, intercambio de deuda por naturaleza, subsidios para la inversión en recursos hídricos renovables, etc.  Ninguno de estos instrumentos fiscales deber ser visto o evaluado aisladamente de los otros instrumentos fiscales existentes.

Hoy, la mayor parte de los actores económicos chilenos (gobierno-empresariado), piensa que las políticas medioambientales no tienen nada que ver con lo fiscal y que estas representan más bien (i) una amenaza a la competitividad de las empresas existentes, (ii) un alza desmesurada de las estructuras de costos a todo nivel (costos de producción, transacción, y consumo) y, por ende, (iii) un impacto fiscal negativo o una política fiscal agresiva contra los consumidores y productores del país.   No hay evidencia empírica que esto sea el caso.

La crisis de agua es importante ya que:

  • Estamos poniendo en riesgo a todos los chilenos,
  •  Estamos destruyendo nuestra competitividad económica, y
  • Estamos poniendo a disposición de un mal manejo toda nuestra identidad como país y como nación.

La modificación del código representa una condición necesaria pero no suficiente para resolver el problema del agua.  La condición suficiente es un cambio de conciencia colectiva de todos los actores sociales envueltos, respecto a la naturaleza del agua en nuestras vidas, y a los costos sociales, humanos y medioambientales a los que está siendo sujeta la ciudadanía por falta de cantidad y calidad de agua.

La situación que vivimos hoy reclama una estrategia y unos derechos inmersos en formas justas de soberanía ciudadana.  Legislar es importante pero la legislación debe estar acompañada de mecanismos de interacción ciudadana –información, evaluación de riesgos, negociación colectiva, empoderamiento municipal, que protejan los derechos de los que deben consumir el agua como su máxima forma de expresión de bienestar material.

La calidad del agua no puede ser utilizada como un mecanismo fatal de redistribución de riqueza y bienestar.  No podemos perder nuestro sentido común.

Seremos un desierto no sólo en cuanto a nuestras tierras, sino también en cuanto a nuestros cuerpos y almas.  Cuando la sequía es el fruto de un mal manejo de nuestras aguas, un país seco genera un alma seca, una identidad seca, y un corazón seco.

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