Inmigración y minería, un juego de doble filo

En el norte de Chile ha aumentado la inmigración desde países como Colombia, Bolivia y Perú, lo que tiene implicancias tanto demográficas como sociales.

Nadie discute que la industria minera ha sido para Chile, a través de la historia de su desarrollo económico, un importante eje sobre el cual se han construido las bases de nuestras políticas públicas y la solidez del Estado, además de que ha permitido el auge de importantes territorios como Antofagasta, Iquique y últimamente Copiapó, en el norte de nuestro país, cuestión que sucede también en otras latitudes.

Pero detrás de toda esta bonanza producida en el último quinquenio debido al alto precio del cobre, se esconde una realidad que solapadamente crece día a día. Me refiero al fenómeno de la inmigración desde países como Colombia, Bolivia y Perú.

Lamentable, resulta que a nivel de políticas públicas, de ejes programáticos, los candidatos presidenciales no manifiesten su parecer frente a un tema tan profundo como éste, considerando que demográficamente tiene tremendas implicancias en materias de salud, educación, vivienda y ni hablar de los problemas sociales asociados, llámese prostitución, narcotráfico y delincuencia, tan presentes en nuestro norte.

De otra forma, estamos frente a un tema país que está siendo invisibilizado y peor que eso, al parecer no contamos con información 100% confiable para evaluar la cantidad de población extranjera ubicada en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Lo anterior, tras los cuestionamientos levantados a la información entregada por el INE a partir del Censo 2012.

Para agregar complejidad a este fenómeno, también se produce un proceso de migración interna hacia este “paraíso minero”. En este caso las cifras entregadas por la industria, hablan de una  necesidad permanente de profesionales y técnicos especializados en faenas mineras.

Según estudios realizados por académicos y profesionales del área social de la Universidad Católica del Norte, existe la percepción de que esta segunda categoría de migrantes es nómade por naturaleza y que su paso por la zona es transitorio, extendiéndose el tiempo sólo por el tiempo necesario  para acumular recursos económicos que aseguren un buen pasar a futuro, pero en otra región. Lo anterior, implica sí o sí, la existencia de una masa de trabajadores que no busca aportar al desarrollo de las zonas mineras, sino que más bien la explotación de las mismas mientras el mineral se los permita.

Dicha realidad debe ser considerada en la concepción de lineamientos estratégicos que permitan hacer más vivibles esas ciudades. Esto, porque se ha estado estudiando que la inmigración genera impactos negativos no sólo en términos sociales, sino que también económicos. Recordemos que en el caso de la migración profesionalizada, ésta traslada sus recursos a otras regiones, generando externalidades negativas a los residentes, como por ejemplo el encarecimiento del costo de vida y el aumento de las brechas salariales entre quiénes son parte de la industria y quiénes no lo son.

En definitiva, los procesos migratorios internos y externos en el norte de Chile principalmente, generan una serie de problemáticas que como Estado y sociedad chilena no estamos observando, hecho que se agudiza si entendemos que las proyecciones de crecimiento minero en los próximos 15 años, aumentarán exponencialmente. ¿Qué quiero decir con todo esto? que se está incubando una bomba, lenta, pero bomba al fin y al cabo y que si no es abordada con responsabilidad, tendrá altos costos para el país y para los habitantes “históricos” de nuestro norte grande.

Para evitar su explosión, lo primero es mejorar nuestras estimaciones estadísticas; lo segundo, recobrar la confianza en las instituciones dedicadas a ello; y en tercer lugar, exigir al Estado un rol más protagónico en la definición de políticas públicas que sean incluyentes para los migrantes.

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