El 26 de septiembre pasado, se realizó en la Universidad Diego Portales, en su facultad de Derecho, el seminario “Relaciones Comunitarias: una mirada desde los derechos y la participación” convocado por Fundación Casa de la Paz, al cual asistieron representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, del sector público y privado. En el seminario se generó un amplio debate sobre participación y derechos ciudadanos, los cuales aparte de mostrar los distintos intereses y diagnósticos sobre esa parcela de la actualidad nacional, dejaron en evidencia la considerable distancia que actualmente existe entre los distintos puntos de vista que ahí se expresaron.
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A raíz de lo anterior, tomo como elemento relevar el papel que ha venido jugando la gran minería en Chile, industria que, pese a todo lo que se pueda decir sobre ella, hay que reconocerle su proactividad y liderazgo a nivel nacional en ámbitos de transparencia, gestión de impactos, apoyos a iniciativas locales y/o seguridad laboral, por mencionar algunos elementos.
Respecto de ese liderazgo que debe seguir profundizándose, y que debiese ponerle presión también a otras industrias para que mejoren sus estándares productivos, aún hay desafíos pendientes vinculados a una mayor inclusión y participación en la toma de decisiones que afectan intereses de terceros, sobre todo intereses de índole indígena o de acceso a recursos naturales (agua, sobre todo).
En mayor inclusión y participación un elemento central -que debe estar siempre alentándose desde las distintas posturas- es el acceso a la información, clara y oportuna, para todos los actores del territorio, pues ello constituye un elemento primordial al querer diseñar participativamente políticas o herramientas de intervención social que busquen potenciar un territorio.
Una buena acción que se podría comenzar a implementar (y que unos pocos ya han comenzado a hacer), es promover, por ejemplo, que los actores que a menudo participan y contribuyen al desarrollo de estudios sociales o ambientales, puedan acceder a los resultados de éstos para luego validarlos y priorizarlos. Con esta simple acción, se puede contribuir tanto a homologar niveles de información sobre el propio territorio en los grupos de interés, como a generar una idea común, validada y socializada, sobre los objetivos que se deben perseguir para desarrollar el territorio.
A su vez, la ampliación de ese ejercicio debiese aportar indirectamente a ir cambiando algunas dinámicas culturales que están instaladas en las distintas relaciones que se generan entre empresa y comunidad, en donde, de vez en cuando, ocurre que el dirigente social, por ejemplo, junto con conocer la propuesta de trabajo que trae la empresa, conoce también en la misma instancia de “diálogo” a sus abogados e ingenieros, anulando así cualquier posibilidad de negociación para el actor local.
Ojo que cuando esto pasa al revés, y es la empresa la que se topa con un dirigente “armado”, lo común es escuchar frases tales como: “este tipo sólo quiere plata”, “quiere todo gratis” o “no quiere dialogar”, perdiendo así la idea de que este actor se pueda sentir intimidado por la propia empresa y sus “formas de diálogo” que fueron previamente expresadas.
En suma, en un escenario marcado por distintos niveles de información, donde las confianzas, el trabajo colaborativo y la construcción de sólidos acuerdos se ve aún como algo insuficiente y difícilmente alcanzable, es donde hay un importante espacio de trabajo para mejorar el diálogo, acercar las posturas y buscar los consensos que sean necesarios, para así crear instrumentos y dinámicas de gestión local que sean compartidas y validadas por todos aquellos actores que se sienten llamados a aportar al desarrollo de su propio territorio.