Explotación del litio: Salares y ecosistemas en peligro

El hecho de que varios de los salares chilenos o parte de ellos sean áreas protegidas por el Estado, no garantiza la conservación de estos frágiles ecosistemas hacia el futuro, ya que varios de los salares ya presentan un daño ambiental por la extracción de las salmueras.

Al margen de la discusión respecto de la legalidad y la conveniencia de la estrategia de extracción e industrialización del litio y su fallida licitación de explotación por parte de la privada SQM, hay un aspecto de esta industria que hemos dejado de lado en el debate. Se trata de los efectos socio-ambientales de la explotación de este valioso mineral.

Como es sabido, el Salar de Atacama en el Norte de nuestro país, junto con los salares de Uyuni en Bolivia y Hombre Muerto en Argentina,  forma parte de lo que internacionalmente se ha  llamado  “el triángulo del litio”, por concentrar cerca del 85% de las reservas mundiales  conocidas de este mineral. Así, los principales recursos y reservas de litio de Chile se sitúan en las salmueras de los salares ubicados en el Norte Grande de Chile.

Chile ha declarado a varios de sus salares como zonas de protección, en especial el caso del Desierto de Atacama, tanto porque muchos de ellos constituyen humedales de importancia internacional que sirven como hábitat de aves acuáticas y en definitiva porque son ecosistemas frágiles donde habitan especies únicas, protegidos por tratados internacionales, como también porque son cuencas de una tremenda complejidad hídrica, ya que concentran la gran parte de las lluvias que se producen en la zona altiplánica, constituyendo fuentes ancestrales de vida de las diferentes comunidades del desierto de Atacama.

Así por ejemplo, la cuenca del Salar de Atacama posee un área bajo protección oficial perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE), correspondiente a la Reserva Nacional Los Flamencos. Además, el salar colinda con alrededor de 50 asentamientos humanos, y la mayoría de ellos son áreas de desarrollo de pueblos indígenas, respecto de los cuales el Convenio 169 de la OIT, obliga a ser consultados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Además, estas zonas se caracterizan por ser de áridas a derechamente desérticas, donde el agua juega un rol fundamental en la existencia y subsistencia de la vida humana, animal y vegetal y de la conservación del estilo de vida tradicional de las etnias locales. El agua aquí es un bien escaso y compartido y la pugna por su utilización es un tema que se vive a diario.

No obstante lo anterior, en la actualidad se desarrollan en dicha cuenca diferentes actividades mineras relacionadas con la explotación de litio, sodio, bórax y potasio por parte de las empresas mineras Sociedad Chilena del Litio y SQM, las cuales ejercen una gran presión en la zona por el uso del agua de la cuenca.

Es decir, el hecho de que varios de nuestros salares o parte de ellos sean áreas protegidas por el Estado, no garantiza la conservación de estos frágiles ecosistemas hacia el futuro, ya que varios de los salares ya presentan un daño ambiental por la extracción de las salmueras.

En este sentido, el sistema de contratos especiales de operación (CEOL) creado por el gobierno este año y que pretendía entregar nuevos derechos de explotación de litio por cien mil toneladas durante veinte años al mejor postor, sin una determinación geográfica clara ni consulta ciudadana alguna, no nos entrega ninguna garantía al respecto, más bien nos deja en la absoluta incertidumbre.

El impacto ambiental de la extracción de litio no es de menor envergadura que la de otros minerales: el consumo y contaminación del agua, los impactos en los niveles salinos, impactos en el paisaje, la construcción de caminos de exploración en ecosistemas sensibles como la instalación de infraestructura, el impacto de la actividad industrial en la flora y fauna del sector, la generación de residuos sólidos y químicos, etc. Todos ellos son efectos que ponen en peligro a este frágil ecosistema y a las comunidades que lo habitan, y no fueron en absoluto considerados en la reciente licitación.

Es evidente la gran riqueza que este mineral puede significar para Chile y las posibilidades en cuanto a su explotación, pero es urgente que la discusión de la estrategia considere los aspectos sociales, ambientales y territoriales que se vinculan a la industria del litio.

Es necesario que el desarrollo de esta industria y el eventual otorgamiento de concesiones se realicen teniendo en cuenta previamente qué lugares son los más vulnerables y cuáles requieren de mayor protección.

Asimismo, se requiere la elaboración de estudios exhaustivos del impacto ambiental, y posteriormente de la fiscalización de los compromisos adquiridos, sea quien sea finalmente el titular de las concesiones, los privados o el Estado.

Por último, la legitimidad de este sistema de concesiones necesita de una consulta ciudadana amplia, previa e informada de las comunidades afectadas en este proceso, bajo los estándares de los Convenios suscritos por Chile.

Sin duda, este es otro desafío más que se plantea en lo sucesivo para nuestra nueva institucionalidad ambiental, ya que por lo visto esta discusión está lejos de terminar.

FIMA