Chile: Conflicto de intereses en materias medio ambientales ¿Una tradición?

Partiendo por el Ministro de Energía, y continuando con los ministros que votaron a favor de HidroAysén, vemos que los compromisos de la autoridad con negocios ligados a los recursos naturales, despiertan suspicacias, desconfianza e indignación en la comunidad.

Partiendo por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, podemos decir que éste es un gobierno de empresarios, y que por consiguiente, muchos de sus personeros han tenido algún grado de conflictos de interés. Al mandatario le costó bastante soltar la rienda de sus negocios y poner a la venta sus acciones, hasta que finalmente lo hizo, una vez asumido el cargo y bien entrado en su gobierno.

En materias medio ambientales, se ha venido notando, y lo más grave, parece haberse hecho tradición ver cruces de roles y cambios de giro hechos con la rapidez de un rayo, y justamente en el sector eléctrico.

El Ministro de Energía subrogante, Sergio del Campo, fue gerente de Aes Gener en su división Guacolda:  una termoeléctrica en base a carbón.  Su sucesor, ratificado en el cargo por La Moneda, Jorge Bunster, fue gerente general de la  Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. por casi dos décadas  y vendió, a penas asumido, sus acciones de Enersis y Copec.

Pudimos ver algo similar con los ministros de la Tercera sala de la Corte Suprema, que rechazaron 6 de los 7 recursos de protección, presentados contra el proyecto HidroAysén.

Pedro Pierry Arrau, uno de los que falló en contra de estos recursos, posee acciones de Endesa y Enersis S.A. ambas empresas del sector energético basado en hidroeléctricas. En su defensa esgrimió que las adquirió con un desahucio como funcionario público en el llamado proceso de capitalismo popular.

Ahora supimos que otro de los ministros tendría también conflicto de intereses. La jueza, que votara al igual que Pierry, en contra de los recursos de protección, tiene un hermano abogado, Gerardo Sandoval, quien forma parte del equipo jurídico de Colbún, que junto con Endesa, son los dueños del proyecto hidroeléctrico HidroAysén.

Otro botón de muestra en esta guirnalda de conflictos de interés, es  lo que podríamos calificar de “menudencia” luego de conocer estos casos de alta administración pública, que de verdad sorprenden por su desparpajo. Héctor González Medel, otrora director de la Comision Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), hoy trabaja para Colhue S.A, la planta de residuos orgánicos que tiene entre pestilencia, moscas y ratones a los habitantes de Pelequén.

Demasiadas razones para despertar la suspicacia, y entablar una relación de recelo entre la comunidad y la autoridad, que no permite un diálogo fluido, que consensúe el concepto de desarrollo sustentable de quienes habitan los territorios y el concepto de “progreso” a un alto precio social y medioambiental, que está llevando a cabo el poder bajo criterios económicos que, podemos creer ante la evidencia, responden a la conveniencia de sus propios negocios.

Ante esta situación, donde no se ha regulado la participación de privados en el Estado y viceversa,  y donde no existe ningún tipo de restricción por medio de lapsos, o ventanas de tiempo estipulados que den la posibilidad de que no exista tráfico de influencias, ni conflicto de intereses, activistas como Ana Stipicic, figura emblemática de Alerta Isla Riesco, plantean que es obvio o sumamente esperable que la gente sienta indignación:

“Está completamente deslegitimado el sistema de evaluación ambiental. Es difícil tener esperanza en la nueva institucionalidad ambiental, con todo esto. ¿Cómo va a funcionar? No hay regulación para el lobby. ¿Cómo aseguramos entonces que estos intereses, esta presión, estas amistades, no influyen en los informes técnicos?  Sinceremos de una vez por todas este asunto. ¿Son decisiones técnicas, políticas, económicas? ¿Hemos aprendido algo, cual es el plan para no seguirlo haciendo igual de mal?” (Lee la entrevista completa).

Es verdaderamente desesperanzador el escenario que hoy vivimos en Chile. Muchos de nosotros entendemos que la defensa de los recursos naturales, es la guerra declarada al modelo económico que hoy impera en el mundo, y éste, en este momento, es el que genera la realidad que nos rige, más allá de lo razonable, e incluso más allá de la verdad cotidiana en que viven los millones de seres vivos que lo habitan.

“Que se acabe un poco esa soberbia de creer que todo está a nuestro servicio. Este sistema capitalista que tanto hemos construido, tan depredador y poco humano, es su sentido más profundo. El capitalismo nos ha desnaturalizado un montón”, manifiesta Stipicic, y es en resumidas cuentas lo que nos está pasando.

Una dialéctica demasiado marcada que no permite que se postule una vía de consenso, democrática, en donde el ciudadano decida sobre los planes para su región, y que además sea respetado y protegido por el Estado, con una política acorde a lo que necesita un país que se ve afectado por mezquinas concepciones de desarrollo y progreso.