Piñera y su conflicto de intereses en Isla Riesco

Luego de la aprobación de la primera mina, el presidente reportó ganancias por $2.500 millones.

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(cc) Sebastian Piñera

La ecuación es simple: Copec pertenece al grupo Angelini, uno de los dos grupos económicos detrás del proyecto de Isla Riesco. El Presidente de la República, Sebastián Piñera, tiene 785.609 acciones de Copec, por ende, cuando a Angelini le va bien, a él también.

Según un artículo publicado por El Mostrador, luego de la aprobación de la primera mina en Isla Riesco, sus acciones le reportaron ganancias por 2.500 millones de pesos. Claro, sus acciones están en manos de terceros debido a un fideicomiso ciego, pero de todas formas las acciones siguen siendo de él.

Pero la situación es aún de más mal gusto: El 5 de noviembre del año pasado, en el marco del seminario “Antártica, un nuevo norte para Magallanes”, dio a conocer un plan de gobierno que pretendía invertir 500 millones de dólares en la región y que esperaba se sumaran proyectos privados por US$ 1.000 millones más. ¿Y qué proyecto en la región y por 500 millones de dólares de inversión privada estaba en plena evaluación ambiental mientras el Presidente daba este anuncio? Isla Riesco. ¿Casualidad?

Ana Stipicic, vocera del grupo Alerta Isla Riesco, señaló a El Mostrador: “El que el Presidente mencionara a este proyecto dentro de las inversiones privadas, en plena evaluación ambiental, sin duda fue un espaldarazo a la iniciativa y sus palabras ayudaron a acelerar el proceso”.

Todo este reclamo viene a raíz de que mañana debiese llevarse a cabo el Consejo de Ministros que deberá revisar los reclamos en contra de la aprobación de la mina Invierno, la primera de las cinco del proyecto de Isla Riesco, y varios grupos ambientalistas están pidiendo que se postergue debido al cambio de gabinete que se hizo hace dos días.

Los ministros que participan de este consejo son: Medio Ambiente, Agricultura, Hacienda, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Vivienda, Transportes, Minería y Planificación, de los cuales muchos están recién asumidos, por lo que no podrían opinar objetivamente.

Frente a esto, el diputado PPD Enrique Accorsi y la presidenta de su partido, Carolina Tohá, presentaron un escrito a Contraloría hace dos meses señalando estas irregularidades. Todavía están a la espera de que se manifiesten sobre una posible compatibilidad del presidente.

Y para ustedes, ¿genera esto un conflicto de intereses?

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