La jugada político-social para bajar Hidroaysén

Políticos y organizaciones ambientalistas presentaron cuatro recursos en la Corte de Apelaciones de Coyhaique para frenar el proyecto energético.

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El diario La Tercera dio cuenta este sábado , en su edición impresa, de los esfuerzos legales de los senadores independientes Carlos Bianchi y Antonio Horvath, además del PPD Guido Girardi, quienes junto a un grupo de organizaciones ambientalistas, buscan frenar el polémico proyecto energético.

Lee tras el salto las cinco líneas de acción en que estos personeros basaron un recurso que presentaron la semana pasadaen los tribunales chilenos.

Inhabilidades

A pesar de que la ley determina las causas para inhabilitarse, diversas autoridades regionales no se atuvieron a ello. Fue el caso del seremi de OO.PP., Quemel Sade. Al mismo tiempo, los reemplazantes de los seremis contaron con plazo muy acotado para estudiar el proyecto.

Firmas inválidas

Se da cuenta que el seremi de Vivienda, Nicolás Terrazas, se inhabilitó. Sin embargo, se cometió una irregularidad, ya que su firma aparece en varios documentos relacionados con el proceso de aprobación de la iniciativa.

Evaluación sin reglamento

La evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto HidroAysén se hizo sin que existiera un reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (nunca fue dictado). Así, la actuación de la comisión ad hoc de la Undécima Región fue ilegal.

Informes modificados

Los informes de los servicios competentes, como Sernageomín y la Dirección Nacional de Aguas, no fueron considerados y, en muchos casos, fueron modificados. Lo último fue hecho sin justificación, ni estudios nuevos que indicaran que debía hacerse un cambio.

Ministros emiten opiniones y ciudadanos no son informados

Se vulneró la ley ambiental, ya que ministros que integran la instancia de apelación (consejo de ministros) se pronunciaron sobre el proyecto antes de dicha instancia. También se indica que a pesar de lo que dice la ley, los ciudadanos no tuvieron oportunidad de informarse y entregar sus descargos. Además, se asegura que el proyecto viola el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y a la vida.