HidroAysén: Crónica de una aprobación anunciada

El gobierno ya dijo que se basaría en la “institucionalidad ambiental” para tomar la decisión.

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(cc) Greenpeace_Chile

Pese a tener un plan de contingencia para la votación del día lunes en Coyhaique, en La Moneda están tranquilos. Y es que claro, tienen el principal argumento para defenderse y lavarse las manos en caso de que HidroAysén sea aprobado: La institucionalidad ambiental. Ese, y no otro, ha sido el escudo que siempre ha utilizado nuestra ministra del Medio Ambiente: “Es que se ajusta a nuestra institucionalidad ambiental”.

Todos los proyectos polémicos han sido aprobados por esa institucionalidad. Barrancones incluido. Porque no hay que olvidar que la única razón por la que Barrancones no se llevó a cabo fue porque el mismo presidente de Chile, Sebastián Piñera, había dicho en su campaña electoral -en un programa de radio- que no permitiría -en ese específico lugar- un proyecto termoeléctrico. Y la ciudadanía le pasó la cuenta y le exigió que cumpliera su promesa. Pero la institucionalidad ambiental, su institucionalidad ambiental, la había aprobado. Así como también lo hizo con Isla Riesco, Castilla y como probablemente lo hará con HidroAysén.

¿Cuáles eran las probabilidades de que el mismo Piñera hubiese intercedido personalmente para que Barrancones no se instalara en dicha zona si es que nunca le hubiesen hecho esa pregunta en la radio? Probablemente ninguna. ¿Por qué? Porque sus subalternos -sus ministros y autoridades a cargo de temas como estos- tienen la mejor manera de defender lo indefendible: La legalidad. Que en este caso se llama institucionalidad ambiental.

Esa maldita frase “cumple con todas las normas” la venimos escuchando hace muchísimo rato. Entonces, si todos los proyectos eléctricos, que a su vez son polémicos por los prístinos lugares donde eligen hacerlos, son aprobados por esta normativa es porque se están teniendo otras prioridades y punto. El resto es demagogia y nada más. Porque como son proyectos millonarios, se les pone exigencias altas y lo único que tienen que hacer sus empresas es abrir la billetera y gastar un poco más. Pero en lo que llevamos de gobierno no hemos visto a esta nueva institucionalidad ambiental -que supuestamente venía a proteger el medio ambiente-, imponerse sobre ninguno de estos proyectos eléctricos, porque claramente cumplen con las normas que les piden.

Pero lo que no entienden en el gobierno es que lo que la ciudadanía no quiere es no que se destruyan y modifiquen lugares tan vírgenes e importantes -donde hay recursos naturales fundamentales para el futuro- de nuestro país para dar paso a una mole energética para generar energía a mineras a miles de kilómetros o al mismo Santiago, también a miles de kilómetros. Que “cumplan las normas”, nos tiene sin cuidado. Lo que queremos es una norma que defienda esos lugares, no que Castilla, HidroAysén o el proyecto de turno gasté unos dólares más en el filtro que permitirá que las emisiones sean lo suficientemente dañinas para ser aprobadas.

Esta columna viene a raíz de que la vocera de gobierno, Ena Von Baer, señaló que a la hora de tomar una decisión sobre HidroAysén, “hay una legislación e institucionalidad ambiental, y el gobierno va a pasar por esa institucionalidad ambiental en forma transparente y absolutamente rigurosa”. Por lo que ya sabemos más o menos cómo terminará esta historia.

El crédito del título de esta columna es de Matías Asún, director de Greenpeace Chile, quien tuitió esto mismo e inspiró esta columna.