El 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, encuentra a Ecuador con cifras alarmantes que revelan una realidad que no deja de golpear. Según las cifras que levantó la Fundación Aldea, desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre de este año, en Ecuador hubo 349 femicidios. Detrás de cada número hay una historia, una familia quebrada, una comunidad afectada.
La violencia femicida continúa avanzando sin distinción de edad. La víctima más joven tenía apenas 11 meses y la mayor, 83 años. La edad más frecuente de las víctimas es 30 años, justo cuando muchas mujeres empiezan a consolidar sus proyectos de vida.
De los 349 casos, 112 corresponden a femicidios íntimos, familiares o sexuales, es decir, agresiones ejercidas por parejas, exparejas o personas cercanas. 224 femicidios están vinculados a sistemas criminales y 13 casos corresponden a transfemicidios, recordándonos que la violencia también afecta con fuerza a las mujeres trans.
Las estadísticas también revelan los vacíos en protección: 17 mujeres habían reportado antecedentes de violencia, pero fueron asesinadas; cuatro contaban con boleta de auxilio; siete sufrieron abuso sexual antes de su muerte. Además, 109 eran madres, y como consecuencia, 137 niños quedaron en la orfandad.
Las deudas pendientes del Estado
Para Viviana Maldonado, coordinadora del programa PreViMujer de la Cooperación Alemana – GIZ, estas cifras no solo evidencian una problemática persistente, sino una urgencia nacional.
“Estamos frente a una pandemia global de violencia contra las mujeres”, afirma. Recuerda que, según datos del INEC, casi 7 de cada 10 mujeres en Ecuador han experimentado algún tipo de violencia, principalmente por parte de sus parejas. “Esto no es un asunto privado, no es algo que ocurre entre cuatro paredes; es una problemática que afecta al pleno desarrollo del país”, reitera.
Maldonado revela una cifra impactante: la violencia contra las mujeres le cuesta al Ecuador $4.608 millones al año, equivalente al 4,25% del PIB. Es decir, no solo destruye vidas, también genera un daño económico estructural.
Por eso, en el marco del 25 de noviembre inician los 16 días de activismo, una campaña internacional que culmina el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. En Ecuador, uno de los ejes es “Mujeres sin Violencia. ¡Así gana Ecuador!”, un esfuerzo conjunto entre instituciones públicas, empresas, municipios, organizaciones sociales y medios de comunicación.
Prevención, empresa y comunidad: hacia un cambio real
Uno de los avances más importantes es el Sello Empresa Segura y Libre de Violencia contra las Mujeres, impulsado desde 2021 por PreViMujer y respaldado por instituciones como el Ministerio de Producción, el Ministerio del Trabajo, el Viceministerio de la Mujer y el SERCOP.
Hasta la fecha, alrededor de 100 empresas han recibido este reconocimiento por implementar acciones para prevenir la violencia entre sus colaboradores y colaboradoras. Cada 25 de noviembre se entrega una nueva edición y se lanza la siguiente. “Es un incentivo que motiva a las empresas a tomar acción real”, afirma Maldonado.
Otro logro destacado es la incorporación, en la Ley Amazónica reformada, de un porcentaje de los réditos petroleros para financiar programas de prevención y erradicación de violencia en la Amazonía, una conquista impulsada por la Red de Mujeres Amazónicas con acompañamiento técnico de GIZ.
La prevención empieza en la infancia
PreViMujer también trabaja con niños, niñas y adolescentes, un grupo clave para cambiar patrones de comportamiento que se replican de generación en generación. Maldonado explica que desde los 6 a 10 años los niños ya desarrollan pensamiento racional: pueden discernir entre lo bueno y lo malo y comprender que la violencia no es normal. Por eso, la organización implementa metodologías pedagógicas adaptadas para estas edades tempranas, buscando generar cambios reales y sostenibles.
Dónde y cómo denunciar violencia contra las mujeres en Ecuador
En Ecuador, una mujer puede denunciar en cualquier momento, incluso si no tiene pruebas físicas, testigos o si no desea revelar detalles íntimos. La denuncia es un derecho, y el Estado está obligado a recibirla y activar la protección.
- Fiscalía General del Estado (FGE) – Denuncia formal
Puede hacerse en cualquier Fiscalía del país, no importa la provincia donde ocurrió la agresión; puede denunciar donde se encuentre, acudiendo personalmente a la ventanilla de denuncias o en línea en el Sistema Único de Denuncias de la Fiscalía (FGE). Esto implica una investigación penal y medidas de protección como: boleta de auxilio, prohibición de acercamiento, botón de seguridad, entre otras.
- Policía Nacional – Emergencias y atención inmediata
Se debe llamar al número 911 para violencia física, amenazas, intentos de agresión, riesgo inminente o si el agresor está presente.
También asistiendo a las UPC (Unidades de Policía Comunitaria) para recibir protección inmediata y acompañamiento a la Fiscalía.
Además, se debe realizar en las unidades especializadas como la DINAPEN para niñas, niños y adolescentes y UNBA para casos de violencia intrafamiliar.
- Juzgados de Violencia contra la Mujer y la Familia
Al asistir a cualquier unidad judicial provincial, la mujer puede solicitar medidas de protección sin necesidad de una denuncia penal previa. Se emiten en máximo 24 horas y pueden incluir: expulsión del agresor del hogar, boleta de auxilio, prohibición de acercamiento o contacto, protección policial.
- Centros de Atención Integral (CAI) – Ministerio de la Mujer
Ofrecen:
- Atención psicológica
- Asesoría legal
- Acompañamiento social
- Derivación a casas de acogida
- Líneas de ayuda y orientación
Estas líneas no reemplazan la denuncia, pero brindan apoyo y guían el proceso. Existe la línea 1800 DELITO (1800 33 54 86) para orientación sobre cómo denunciar y el estado del proceso; línea 911, para atención inmediata y activación de fuerzas de seguridad; línea 151, para apoyo psicosocial y guía para el proceso de denuncia.
- Casas de acogida
Si la mujer corre riesgo extremo, puede acceder a casas de acogida gestionadas por el Estado o por organizaciones sociales. Ofrecen refugio, alimentos, seguridad, atención psicológica y legal. La derivación se hace desde Fiscalía, Policía o Centros de Atención Integral.
¿Qué pasa si la víctima tiene miedo a denunciar?
Puede hacerlo otra persona como un familiar, una amiga, un vecino, una institución educativa o de salud.
La Fiscalía está obligada a activar el proceso si hay riesgo o evidencia de violencia.
El 25 de noviembre no es solo una fecha para recordar a las víctimas. Es una invitación a la acción: a mirar estas cifras, reconocer estas historias y trabajar desde todos los sectores —hogares, escuelas, empresas, municipios, Estado y ciudadanía— para que ninguna mujer en Ecuador viva con miedo.