Barreras de la Ley de Aborto en tres causales: Las chilenas no pueden decidir

Dificultad para identificar la causal, dilatación de procesos, poca o nula información y no derivación temprana, son algunos de los motivos que impiden a las mujeres acogerse la Ley Nº 21.030 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), vigente desde 2017. Así lo ilustran dos casos que acusan desamparo, esperan justicia y ruegan que nadie más viva lo mismo.

Era Semana Santa cuando lo supo. Había estado cocinando mariscos y el olor le provocó náuseas. Le pareció extraño y ese mismo día, por la tarde, decidió hacerse un test de embarazo que salió positivo. Camila Carvajal, sería madre por tercera vez a sus 26 años y la idea la emocionaba. A casi un año de esta noticia que la tomó por sorpresa, pero la alegró, relata cómo fue que comenzó su peor pesadilla, sentada en el comedor de su departamento en la villa Colón de San Bernardo, rodeada de documentos, ecografías, e incluso fotos que despliega para contar su historia sin perder detalle.

Tiene dos hijas, una de ocho años y otra de tres, la última tiene un 25% de discapacidad, por lo mismo, tenía claro que, si se encontraba alguna patología durante su tercer embarazo, abortaría. De este modo, cuando llegó a la primera ecografía en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) Confraternidad, le dijo al matrón que ella estaba al tanto de ley de aborto en tres causales.

“Se suponía que estaba todo bien, pero, en una de las ecografías posteriores, le dijo a la enfermera que había algo raro, pregunté y me dijeron que no me preocupara”, cuenta. Le quedó la duda, y acudió a la Corporación de Salud de San Bernardo, pero le recomendaron esperar al próximo control.

Recuerda que era viernes cuando comenzó a sentirse mal, tuvo dolores, mareos y vómitos. Se dirigió a urgencias del Hospital El Pino, en la misma comuna, una matrona le hizo un ultrasonido y le dijeron que el feto no tenía latidos. Camila rompió en llanto, desde el primer momento presentía algo extraño. “Pensé que se había ahogado con el cordón umbilical, pero ella me comentó que tenía un higroma gigante”, dice, y su voz comienza a temblar.

No entendía porqué hace unas dos o tres semanas todo estaba bien. Preguntó si se podría haber descubierto antes y la matrona le confirmó que sí, en ese minuto le informaron que al día siguiente la hospitalizarían para practicarle una cesárea. Cuando la atendieron, el médico le explicó que “iba a tener que botarlo y me dieron una pastilla de misotrol cada seis horas, pero estuve dos días en ese proceso”. Hasta que terminó expulsando al feto.

Para dar a conocer su testimonio, resignifica lo que vivió y, en un clamor de justicia, exige: “No quiero que haya más Camilas, no quiero que más mujeres o niñas estén en mi situación”.

Actualmente recibe apoyo sicosocial y jurídico a través de la Corporación Miles, que, junto a la Asociación Chilena de Protección a la Familia (Aprofa), son las únicas organizaciones de la sociedad civil que participan del proceso de acompañamiento como sostiene la ley.

La abogada de Miles, Javiera Canales, identifica con claridad algunos de los impedimentos que propiciaron que Camila no pudiera acogerse al derecho de acuerdo a la Ley Nº 21.030 o Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales (riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal o violación).

Para ella, la principal falencia es la poca capacitación de los profesionales del área de la salud entorno a la ley y los requisitos para constituir una de las tres causales.

“Es todo un peregrinaje para una madre que se enfrenta a esta situación, pues el servicio de atención primaria debe derivarla a un servicio de atención secundaria o terciaria, donde tengan pabellón, pero en este caso el profesional no derivó a la paciente y terminó con un aborto espontáneo al sexto mes”, explica.

Otra de las barreras de la actual normativa, es el nuevo reglamento de objeción de conciencia. Según la experta, “existe una laguna, pues un servicio de salud privado, que reciben fondos del estado, no debería objetar conciencia o, en su defecto, debería derivarse a la mujer”.

Además, la abogada manifiesta que los servicios de salud tienden a dilatar los procesos para evitar que las mujeres decidan practicar la interrupción y, en particular sobre el caso de Camila, plantea que el matrón le negó el acceso y no le dio la información, además en ninguna de las ecografías le advirtió del diagnóstico. “Se pudo haber pesquisado a tiempo, pero ya es tarde. Estamos realizando los trámites para interponer una demanda por negligencia médica”.

Vía crucis: Falta de información y otras irregularidades

Barreras-aborto

“Pensé que había vivido lo más doloroso de mi vida, pero no”, parte contando Catalina Pizarro, quien sufrió una situación similar. Durante 2017, estuvo buscando tener un hijo junto a su pareja. A sus 32 años, la profesora de música de un colegio en Las Condes, estaba decidida a ser madre por segunda vez luego de más de una década y casi lo consiguió, quedó embarazada, pero a la quinta semana tuvo una pérdida y se sometió a un raspaje. Un año después, en agosto de 2018, descubrió que estaba embarazada nuevamente. Tenía más de un mes.

Acudió a una ecografía en una clínica del sector oriente de Santiago. Durante el procedimiento, el profesional que se la practicó llamó a otro ecógrafo a la consulta –sin preguntarle a ella– y ambos comenzaron a comentar lo que veían en la imagen. Frente a esta situación, Catalina exigió que le explicaran lo que ocurría, y al tiempo en que se le llenan los ojos de lágrimas, se esfuerza para describir el diagnóstico que sabe de memoria: “Me dijeron que el feto tenía hidrops generalizados (edemas cutáneos) en todo el cuerpo y además higromas quísticos bilaterales detrás de la cabeza”, cuenta.

Antes de siquiera tener oportunidad de manifestar sus deseos, los médicos le dijeron que su caso sería discutido en un consejo de ética de la clínica. Días después, la citaron en la mañana, le realizaron una nueva ecografía y le confirmaron la noticia: el feto no iba a nacer. Ese mismo día visitó a su ginecóloga de cabecera, quien le preguntó qué quería hacer y ella no lo dudó: “Decidí que quería hacer la interrupción del embarazo, sabía que podía apelar a la ley de aborto en tres causales”, dice.

Según Catalina, su doctora le aseguró que no debería haber ningún problema en la clínica, sin embargo, no tenía cómo prever lo que pasaría después. La interrupción fue rechazada por otro consejo ético y le solicitaron una serie de exámenes, entre ellos, unos que debían ser enviados a Estados Unidos, que costaban unos $750 mil pesos, cuyos resultados corroboraron que seguía siendo inviable.

En paralelo, Catalina buscó una nueva opinión con otro ginecólogo particular. Éste le confirmó lo que ya sabía, que su embarazo no llegaría a término. Le dio su firma para acreditar que se acogiera a la segunda causal, pero antes debía comprobar también el estado del corazón el feto. Luego de otra ronda de exámenes, se comprobó que tenía hipoplasia cardiaca en el ventrículo izquierdo, lo que significa que no se estaba desarrollando y, con este segundo diagnóstico, debería haber programado la interrupción bajo la segunda causal, pero la contactaron de la clínica que había visitado inicialmente para informarle que su caso no podría acogerse a la Ley 21.030. “Colapsé, me dieron licencia por riesgo de aborto, pero eso era algo que yo estaba esperando que pasara. Empecé a desesperarme”, cuenta. No sabía cómo relacionarse con el feto, hasta que empezó con controles semanales y buscó apoyo sicológico y siquiátrico, se sentía desgraciada.

A poco más de cinco meses de gestación, en uno de los controles se descubrió que el feto, de género femenino, no tenía latidos.

“Me hicieron una cesárea y yo pedí tomarla en brazos para despedirme, pero, en cuanto la sacaron, se reventó.  Esto me hizo pensar en que mi vida también corría peligro, podría haber estado dentro de la primera causal, pero nadie me lo dijo”, denuncia.

Dos semanas después de la cesárea, producto del desgaste emocional, Catalina sufrió una parálisis motora, pero en marzo volvió a su trabajo. Siente que todo sería diferente si hubiera tenido la información completa y respetado el diagnóstico. Por ahora se enfoca en iniciar un proceso legal, pues su objetivo es que nadie más experimente lo que le tocó a ella.

Antes pensaba que nunca iba a usar ninguna causal, pero estaba de acuerdo con que existieran. “El aborto debería ser legal, porque la mujer es la única que puede decidir”, dice. “Deseo que se visibilice esta situación en la que estamos las chilenas”, agrega.

Francisca Millán, abogada del estudio jurídico Aml Defensa de Mujeres, quien sigue de cerca este caso explica las barreras que obstaculizan el derecho. “Fue un vía crucis para ella, la institución pasó por sobre la ley, se dilató, obstruyó y además se solicitaron exámenes innecesarios”, comenta. Para la abogada, esta situación da cuenta de una violencia institucional por parte de la clínica y del mismo Ministerio de Salud.

La socia de Aml Defensa de Mujeres considera que el gobierno no tiene voluntad de solucionar este tema, ya que todavía no se reemplaza el protocolo que rechazó el Tribunal Constitucional en enero.

“Se debería respetar la norma vigente, garantizar el derecho de las mujeres y conservar el espíritu de la ley desde su tramitación: son mujeres las que deciden”, dice.

Cifras poco actualizadas y otras falencias 

Las cifras más recientes disponibles en el sitio web del Ministerio de Salud muestran que, desde septiembre de 2017 a diciembre de 2018, hubo 343 casos bajo la primera causal, 311 en la segunda causal y 115 en la tercera, con un 769 casos. Con respecto al acompañamiento que establece la ley, entre febrero y septiembre de 2018, un total de 734 casos lo recibieron.

Este proceso es voluntario, debe ser solicitado por la mujer y es gratuito en el sistema público, no así en el privado. Su finalidad es proveer la información necesaria para tomar la decisión de interrumpir el embarazo o no en cualquiera de las tres causales. Se debe acordar con ella un tope máximo de diez sesiones con sicólogo, tres sesiones con una trabajadora social, una sesión con matrona para ver post interrupción un método anticonceptivo. Además, en caso de menores de 15 años, el sistema también entrega la posibilidad de atención siquiátrica.

En torno a esta temática Estefanía Andahur, Coordinadora de Salud de Miles, es crítica. Desde la Corporación proponen flexibilizar el acompañamiento. “Los tiempos síquicos no se pueden determinar por ley. A veces no quieren hablar o no aceptan una intervención, especialmente en los casos de violación”, dice. La especialista también explica que en las causales 1 y 2, algunas viven una fase de duelo, pues, por lo general, “ese hijo o hija era deseado, se rompen expectativas y, en caso de que necesite ayuda siquiátrica, el acompañamiento se vuelve limitado”.

Con respecto a la segunda causal, algunas, como en los casos propuestos en este artículo, deciden si sepultar o no lo que significó para ellas su hijo o hija, para lo cual también puede orientar el acompañamiento. Según Estefanía, la única forma para que este procedimiento funcione de manera óptima, es en base a la coordinación con el equipo biomédico, para identificar las causales a tiempo.

Considerando el panorama completo, podemos concluir, en 2019, pese a la norma vigente desde el 2017, las mujeres en Chile se ven imposibilitadas de decidir abortar debido a las falencias de la normativa que rige desde 2017, sometiéndose a procedimientos que desconocen, a la moral de médicos que tampoco se apegan a la ley, poniendo en riesgo sus vidas y sacrificando su estabilidad emocional al exponerse a episodios de carácter traumático.

Aborto legal para no morir: el grito argentino que repercute en Chile

En Argentina, la ley que despenaliza el procedimiento está a punto de convertirse en realidad tras décadas de trabajo. En Chile, diversas mujeres expresan su posición frente a un debate que se acerca a pasos agigantados. La próxima marcha se realizará el 25 de julio en Plaza Baquedano, a las 18 horas.

Te recomendamos en video:

 

También te puede interesar: