Sí, todavía matan a una mujer cada tres días en Colombia

*Las cifras duelen y no tienen nombre, pero son necesarias para visibilizar la epidemia a la que se enfrenta Colombia hace años y que parece no dar tregua: la violencia contra la mujer. Si bien se ha fortalecido el marco jurídico, el camino que queda por recorrer para bajar los índices es largo. Educación, empoderamiento, romper el silencio y la no revictimización hacen parte de los pequeños cambios. (ver infografía abajo)

Los hombres que no amaban a las mujeres

“Desde el inicio de nuestra convivencia hubo amenazas constantes contra mi vida, la de mi familia y la de él con cuchillos (…), encierros en la residencia y en el carro durante periodos de hasta un día sin comer ni poder ir al baño. Llegó al punto de encerrarme para que no pudiera ir a los controles de mi embarazo porque hasta el doctor terminó siendo objeto de celos”, así relató Claudia Rodríguez el maltrato que sufría a manos de Julio Alberto Reyes, quien después de acosarla por más de un año la asesinó ante los ojos del mundo en un reconocido centro comercial de la capital del país.

Fue así como Claudia pasó a ser parte de la lista de víctimas de feminicidio en Colombia y de las víctimas que han rogado de rodillas y suplicado por protección. Como en este país es más fácil poner todo en listas, Reyes también hace parte de una que no debería existir: la de los hombres que no amaban a las mujeres.

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El asesino de Luisa Fernanda Ovalle, la porrista de Millonarios, también hace parte de esa lista, pero con Luisa, la niña de casa, la mano derecha de su mamá, la amiga, no ha pasado nada. Su caso parece estar en el olvido, guardado en una caja esperando a que el polvo lo tape, mientras el país no se inmuta ante la muerte de esta joven de unos veintitantos, ocurrida a unos pocos metros de su casa.

Se necesita informar para salvar vidas

Según Medicina Legal, en lo que va corrido de este año, se han registrado 94 feminicidios en Bogotá, siendo esta la zona del país en donde más se presentan después del Valle del Cauca, con 139; y Antioquia, con 130. Los registros apuntan a que el agresor es desconocido en el 48% de los casos; le sigue la pareja o expareja con 27%, y los familiares alcanzan el 3,5%.

Las cifras son alarmantes, pues aún muere una mujer cada tres días a manos de su pareja o expareja, y por eso en Colombia, uno de los países en donde la violencia está naturalizada, los colectivos de mujeres, las fundaciones e incluso el Gobierno empezaron a unir fuerzas para erradicar este flagelo y las barreras a las que se enfrentan las víctimas y sus familiares.

Para Natalia Ponce de León, directora y activista de la fundación que lleva su nombre y quien hace poco inició una campaña para erradicar cualquier violencia contra la mujer, “en Colombia, desde 2015 que se tipificó el delito de feminicidio, se ha logrado identificar que las muertes violentas de las mujeres se producen por razones específicas y diferentes a las de los hombres, por contextos de violencias sistemáticas y generalizadas producto de una discriminación histórica hacia nosotras las mujeres”.

Y tal vez lo que menciona Ponce de León es uno de los catalizadores para que las mujeres no encuentren muchas veces apoyo de las entidades competentes y de la misma sociedad. “Claramente, todo el tema de las barreras de la justicia y de la salud, en casos de ataque con ácido, así como la falta de información, es lo que más genera dificultades. Hay que apostarle a la educación, porque las familias son las células de una sociedad y cuando esas células no funcionan bien, pues todo va mal. Colombia es un país machista y eso hay que cambiarlo, porque, por ejemplo, si un niño se cría en una casa donde hay violencia, pues muy posiblemente ese niño va a ser violento. Hay que cambiar todo un patrón, entonces hay que concentrarse en la educación de las generaciones que vienen”, aseguró Ponce de León a PUBLIMETRO. 

En eso está de acuerdo María Carolina Melo, oficial de género del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, quien comenta que es importante como país trabajar en la respuesta institucional a las mujeres, teniendo en cuenta que hay una fuerte e importante legislación. Sin embargo, para ella aún hay diferencias entre lo que se dice en la ley y cómo se implementa en los territorios. Además, la falta de información u orientación causa que las mujeres víctimas no quieran romper el silencio con todo y lo que eso implica.

Hay que tener varias cosas claras y una de estas es que existe la Ley 1257 que define los cuatro tipos de violencia que existen: física, sexual, económica y psicológica. Quien sufre una o todas se enfrenta a varias dificultades cuando decide romper la cadena del silencio y denunciar: falta de información, desigualdad y revictimización, que provienen en parte de las entidades y servidores públicos que deben velar por la protección de las mujeres, pero que no conocen el marco jurídico que las rodea; y por ese sector de la sociedad que aún piensa de forma machista y patriarcal.

Melo añade que, además de no recibir orientación en muchos casos, las mujeres enfrentan dificultades “en su núcleo social, familiar y comunitario por el estigma. Me refiero a varias cosas: que se les culpe a las mujeres por la violencia de la que han sido víctimas; que se rechace a las mujeres en su comunidad por haber sido víctimas de violencia como si hubiera sido su responsabilidad. Lo otro es en el que confluyen todos: la naturalización de la violencia contra las mujeres en el país. Naturalización como aceptación, en lo cotidiano, que haya violencia contra las mujeres y se acepte de esa forma, que ellas se lo buscaron, que tal vez hicieron lo que no debían, que se vistieron de una forma y las puso en mayor riesgo. Esa naturalización es una fractura muy grande en términos del acceso real al derecho de las mujeres y erradicación de la violencia”.

Hablemos de impunidad

Yuliana Andrea Samboní fue raptada el 4 de diciembre de 2016 en el barrio Bosque Calderón, en el norte de Bogotá. Nunca más regresó. Rafael Uribe Noguera le arrebató la vida. El caso de la pequeña de siete años, uno de los más atroces de la última década, se resolvió rápidamente debido a la presión que se ejerció sobre entidades como la Fiscalía y la Secretaría de la Mujer que se vieron impulsadas a resolver el caso.

Uribe Noguera recibió una condena ejemplar ante los ojos de la ley: 58 años de cárcel. Por supuesto, para muchos, 58 años no son suficientes cuando se habla de violación, asesinato y tortura en contra de una menor, pero la presión ayudó a que el caso de la pequeña Yuliana no hiciera parte de otra impopular lista: la de la impunidad.

Otra historia es la que se cuenta con casos como el de la profesora Mónica Bravo, a quien hallaron sin vida en una calle del barrio El Campín, en 2014; o Wendy Calderón, cuyo cuerpo fue encontrado en un potrero de Juan Rey, en el sur de la ciudad. Según datos de la Fiscalía, en los últimos 10 años se han abierto 34.571 procesos relacionados con feminicidio para los cuales solo se han presentado 3658 condenas. En otras palabras, hay  impunidad en casi el 90% de los casos.

Martha Ordóñez, alta consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, comenta a este medio: “Desde la Presidencia de la República, y desde esta Consejería, se hizo un estudio de confianza y tolerancia institucional para mirar qué está pasando con la sociedad civil y la institucionalidad que es la que recibe la denuncia o la que debe orientar. El estudio de tolerancia es contundente: nos rajamos. Pero si lo comparamos con el primer estudio, hemos mejorado un poquito. La asistencia técnica ha servido, pero nos falta mucho de lado y lado porque necesitamos que los funcionarios asistan a las sensibilizaciones que hacemos para actualizarlos con las herramientas que tenemos para proteger la vida de las mujeres, pues ellos deben estar absolutamente conscientes de lo que ocurre para ponerlo en práctica”.

Además de funcionarios e instituciones informados, rutas de orientación y centros de ayuda establecidos para la protección de las víctimas, también hay que trabajar con los hombres. ¿Por qué? Las cifras son claras cuando dicen que los mayores agresores de las mujeres son los hombres. María Carolina Melo, oficial de género del Pnud, aclara que si bien los porcentajes no mienten, eso no significa que todos los hombres sean agresores y aclara: “Ellos también deben ponerse la camiseta, que lideren campañas en contra de la violencia porque eso nos conviene de muchas formas. Creo que es sustancial porque para las nuevas generaciones la educación no solo la dan las mujeres, sino que está más que demostrado científicamente el rol que  tienen la mamá y el papá en la crianza de los niños. Si como papá tengo la posibilidad de darle a mi hijo una educación para la igualdad, pues estoy aportando mi granito de arena”. 

Ordóñez apunta a lo mismo y asegura que es importante “revisar como sociedad y como familia qué está pasando. Lo otro es que hay que mirar la institucionalidad y cómo está respondiendo, por qué se habla tanto de impunidad. Otro de nuestros retos es llegar a que los hombres no vean a las mujeres como un objeto, que no las cosifiquen. Estamos en esa lucha”.

Educación y equidad para erradicar las violencias

Es un hecho que hay que denunciar, pero también hay que enseñarles a las mujeres, y a la sociedad en general, que Colombia ha avanzado en temas de legislación y rutas de atención. También hay que dejar claro que es importante empoderar a la mujer para estar cada vez más cerca de la equidad de género. “La pedagogía en derechos para las mujeres y la sensibilización es importante, pero hay que romper el mito de que los asuntos de género y los temas de violencia son asunto exclusivo de nosotras”, argumenta Melo.

Para Ordóñez, alta consejera para la Equidad de la Mujer,  “la sociedad y las familias no se deben abstraer y pensar que la institucionalidad es la única que actúa. Lo que quiero decir es que tenemos las herramientas para salvar la vida de las mujeres, pero también debemos trabajar desde casa porque eso empieza desde allí”.

Para comenzar a ponerle punto final a esta epidemia, como ya es catalogada, se necesita de educación del Estado, educación al interior de las familias, empoderamiento de las mujeres y los hombres, y cero tolerancia ante la revictimización.

Si en el país se empiezan a dar estos pasos, la lucha será colectiva, como lo señala Melo, y tal vez así, tan solo así, Colombia dejará atrás las infames listas y las alarmantes cifras que marcan la vida de las mujeres año tras año.