Rostros femeninos involucrados en actos de corrupción en Latinoamérica

A propósito de la responsabilidad civil culposa por más de $41 millones que se estableció ayer, 7 de noviembre del 2017, contra Marcela Aguiñaga, exministra ecuatoriana de Ambiente por un “pago excesivo en la compra de terreno en el parque Samanes”, surge la interrogante ¿se derrumba la percepción de que las mujeres en la política son más honestas?.

El criterio, basado en estudios, encuestas de opinión en América Latina y EEUU así como casos de mujeres líderes en varios cargos públicos de varias ciudades a nivel mundial muestran que ellas en la política son consideradas más honestas. Pero esta apreciación tiene el contraste de otras mediciones que revelan que el contexto importa.

“Si hay mujeres en puestos de poder en sociedades democráticas y relativamente transparentes, su presencia tiene un efecto positivo sobre la corrupción. Pero en los regímenes autocráticos con un historial de corrupción, la presencia de mujeres tiene escaso o nulo impacto”, señala El País.

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Mostramos los casos de corrupción más conocidos en Latinoamérica que tienen el rostro femenino:

Dilma Roussef

El 1 de septiembre del 2016 fue destituida de su cargo como Presidenta de Brasil por parte de la mayoría del Senado brasileño. Se la investiga por el crimen de responsabilidad hacia la República al alterar cuentas públicas que le permitieron retrasar el pago de préstamos del gobierno a bancos públicos.
Dicha acción haría que Rousseff no mostrara a la ciudadanía que la situación fiscal del país era peor de lo que las estadísticas mostraban en el año electoral de 2014. el vicepresidente Michel Temer, asumió la presidencia del país

Roxana Baldetti
Fue la exvicepresidenta de Guatemala y el 27 de agosto del 2015 fue enviada a prisión acusada de estar implicada en el escándalo de corrupción que embarga al presidente Otto Pérez Molina y unos 30 funcionarios de gobierno más.
El caso es conocido como La Línea, una estructura de defraudación que supuestamente buscaba beneficiarse monetariamente a través de las aduanas del país y ganar con ello un porcentaje por los productos.

Cristina Fernández de Kirchner

La expresidenta argentina cuenta con varias causas en su contra, que en algunos incluso se involucra a sus hijos.
«Dólar futuro», la primera en la que es procesada «por administración infiel en perjuicio de la administración pública». También por sospecha de haber recibido coimas, delito de cohecho, por parte de empresarios beneficiados con la adjudicación de obra pública durante su gestión, en el marco de la causa conocida como “Los Sauces”.
Otra causa es por supuesto lavado de dinero junto a su marido, el expresidente Néstor Kirchner, donde se investiga la actividad hotelera del matrimonio, entre otros empresarios.

Enilce del Rosario López Romero

Exempresaria de apuestas colombiana conocida como La Gata. Ganó notoriedad en el ámbito político colombiano después de que se revelara que aportó dineros para la campaña que llevó a la presidencia a Álvaro Uribe Vélez en 2002.
La más poderosa empresaria del chance en cuatro departamentos de la costa y gran electora de Sucre y Bolívar hoy no alcanza a pesar 40 kilos y tiene a sus dos hijos preferidos en aprietos: uno en la cárcel y otro al borde de perder la investidura de congresista.
En 2006 también postuló a su hijo menor, Héctor Julio, a la Cámara de Representantes y logró la más alta votación en el país. Con esos resultados y el poder económico que le daba tener las concesiones del chance en Bolívar, Sucre, Atlántico y Magdalena, la Gata y sus hijos se convirtieron en una formidable fuerza política. Impuso gobernadores como Luis Daniel Vargas y Libardo Simancas en Bolívar, este último condenado por parapolítica. Y en Sucre, en alianza con Álvaro García, hizo lo propio.
Desde hace tres años disfruta de una de las más particulares formas de detención en Colombia: una especie de cárcel móvil. Tiene detención domiciliaria, lo cual de por sí ya es curioso para una persona condenada a 37 años, pero lo más extravagante es que la cumple en sus tres residencias, la de Cartagena, la de Barranquilla y la de Magangué. Un triángulo que cubre tres departamentos y que implica aproximadamente 500 kilómetros entre las tres ciudades.

Elba Esther Gordillo
La exlíder sindical mexicana se ha empecinado en mostrar el estado de salud delicado de la acusada para llevarla a cuartos privados en hospitales públicos y distintas instituciones de salud privadas. Y, así, Elba Esther ha tenido una cárcel atípica, una de esas cárceles que sólo el dinero puede comprar.
Llevaba 24 años como presidenta del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) que cuenta con más de 1.5 millones de afiliados y es, sin comparación, el más grande de América Latina. A la cabeza de este sindicato, “La maestra” fue un brazo fuerte del partido en el poder.
En sólo dos cuentas del sindicato hubo ingresos que superaban los 7.5 mil millones de pesos al año. Eso significa un presupuesto mayor al de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como presidenta del partido, Gordillo manejaba el 1% de todos esos ingresos. Se decía que su fortuna personal ascendía a más de de 20 millones de dólares, con propiedades en zonas lujosas de la Ciudad de México (como Polanco y Bosques de la Loma), condominios de lujo en San Diego y departamentos en París.
Al investigar las finanzas del Sindicato se encontró que el ahora dirigente del sindicato, Juan Díaz de la Torre, depositaba dinero en tres cuentas distintas que pagaban los lujosos gastos de Elba Esther Gordillo. Estas tres cuentas pertenecían a las tres personas que fueron arrestadas junto a “La Maestra”.

Marcela Aguiñaga

Es exministra ecuatoriana del Ambiente y actual asambleísta de Alianza PAIS junto a otros ocho funcionarios más participaron en la compra de los terrenos de Samanes al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA).

La Contraloría determinó que en el 2010 cuando se compraron los 66 lotes de terreno en Samanes, se tomó en cuenta el valor determinado por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros del Ministerio de Vivienda, pero no el precio que por ley debía emitir el Municipio de Guayaquil. Para la compra el Ministerio de Vivienda avaluó los lotes en 50 millones de dólares, cuando el municipio les dio un valor de 7,1 millones de dólares.

Una vez notificadas las glosas, Aguiñaga y los otros implicados pueden interponer un recurso de revisión en el caso, aunque este solo puede referirse a posibles errores en los procedimientos de la Contraloría, pero no sobre el fondo del informe.

Ante esta situación, no solamente en Ecuador sino en varios países, la expresidenta ecuatoriana Rosalía Arteaga señaló que pese a la oportunidad que las mujeres han tenido para involucrarse actualmente a la política, no se ha sentido representada por varias de ellas.

Por su lado, Edison Hurtado, Doctor en Sociología y Licenciado en Ciencias Políticas, no es posible segmentar la corrupción entre hombres y mujeres ya que se trata de algo que involucra al ser humano como tal y no se debe tratar como un tema de género. «Hay que entender la situación de los contextos políticos de otros países que son más complejos así como los procesos judiciales que se deben seguir para transparentar los casos y fundamentalmente entender que hay usos políticos de las entidades judiciales que también recaen en acusaciones por deslegitimar a las personas y sus funciones. Estas son armas políticamente muy importantes.

Por ejemplificar en el caso brasileño y argentino se quería desmontar el kirchnerismo así como a Roussef y en lo que está pasando con Ecuador, la Contraloría puede tener un interés político para legitimar al presidente Moreno y bajar el perfil del Correísmo a toda costa», dice Hurtado.